El 1 de noviembre de 2012, las adolescentes Katia Esteban Casielles (18 años), Rocío Oña (18), Cristina Arce (18), Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20) hallaron la muerte durante la celebración de una multitudinaria fiesta en el pabellón Madrid Arena de la capital. El exceso de aforo debido a la venta incontrolada de entradas —se vendieron 22.835 cuando el aforo no debía superar las 10.620 personas— desencadenó una serie acontecimientos que destaparon graves deficiencias en la organización del evento por parte de los promotores, las empresas de seguridad contratadas y el Ayuntamiento de Madrid, responsable de la infraestructura y de la planificación de la seguridad a través de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que quebró en 2013 dejando un agujero de 400 millones de euros.

Tres años después de la tragedia, el recinto sigue teniendo problemas de seguridad pese a que continúa albergando eventos. El control del número de personas que acceden a las instalaciones es una de las deficiencias más importates: aún no hay un sistema que funcione correctamente para evitar el sobreaforo. De hecho, la sombra de otra catástrofe volvió a sobrevolar el recinto el pasado mes de septiembre durante la celebración del evento deportivo Arnold Classic Europe (ACE). El Ayuntamiento paralizó entonces la venta de entradas tras detectar un pico de afluencia de público sobre las 12.00 horas, cuando ya habría 700 personas de más en el recinto. Las tres instalaciones que albergaron el festival tenían capacidad para unas 14.000 personas. 

Para intentar que no haya más problemas, el Consistorio anunció el pasado viernes que controlará directamente la venta de entradas (algo que hasta el momento hacía el promotor privado) y habilitará el control digital de las entradas. Este anuncio resulta llamativo, pues el sistema de control de entradas durante la noche de la tragedia fue mediante pistolas digitales lectoras de códigos de barras. Las instalaciones presentan además carencias de cámaras de vigilancia y de una enfermería en condiciones, según El Mundo.

Por este motivo, se instalará a Samur-Protección Civil en el exterior en los grandes eventos, así como las dos cámaras fijas que faltaban en los vomitorios, entre ellas una que debía haber estado en el lugar donde se produjo la avalancha, y que aquel día solo tenía la carcasa.

Se da la circunstancia, además, que el Madrid Arena no tiene licencia de funcionamiento. Este hecho ha sido denunciado por Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas (Cristina Arce), que ha recogido más de 40.000 firmas en poco más de una semana solicitando el cierre de las instalaciones hasta que no se subsanen las deficiencias de seguridad. Su lucha ya provocó la modificación (logró 428.734) de la Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

No obstante, el Gobierno municipal no ve necesario cerrar el recinto al estar englobado en el Catálogo de Bienes e Inmuebles municipales. "Nunca se va a repetir una fiesta como la que tuvo lugar hace tres años aquí. Sería impensable con las medidas de seguridad que hemos tomado", destaca el Ayuntamiento, cuyo anterior equipo de gobierno tuvo en la tragedia la mayor crisis institucional de la pasada legislatura y a punto estuvo de costarle el puesto a la exalcaldesa Ana Botella.

Las responsabilidades de lo ocurrido aquella noche se depurarán a partir del próximo 12 de enero. Ese día arrancará un juicio, que se extenderá por cinco meses, para el que el juez instructor, Eduardo López-Palop, ha imputado finalmente a 15 personas. Palop intentará dirimir el grado de responsabilidad que los imputados tuvieron esa fatídica madrugada en lo sucedido.

Trece de los quince acusados se sentarán en el banquillo como coautores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia, mientras que otros dos lo serán como coautores por tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores, tres años para otros once acusados más (responsables de la seguridad del evento) y dos años y seis meses de cárcel para los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos, encargados de la enfermería del Madrid Arena.

En el banquillo de los acusados se sentarán también Santiago Rojo Buendía, director general de Diviertt; Miguel Ángel Morcillo Pedregal, jefe de personal de Diviertt; Rafael Pastor Martín, director de departamento de seguridad de Madridec; Francisco del Amo López, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, y su técnico de operaciones José Ruíz Ayuso. Los restantes acusados son los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde Guillermo; el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad Roberto Mateos García y los socios de Control 34 Carlos Manzanares Rodríguez y Emilio Beillard Cueto. También está imputado por el juez el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo en contra del criterio de la Fiscalía.

El ministerio público solicita además que los acusados indemnicen de manera conjunta a cada una de las familias de las cinco fallecidas con cantidades que van de los 243.587 euros a los 338.490 euros en concepto de responsabilidad civil. Para los treinta lesionados las cantidades se sitúan de los 259 euros a los 34.326 euros.

Según la Fiscalía, la fiesta del Madrid Arena se organizó "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado". Diviertt, empresa promotora del evento, vendió 22.835 entradas pese a que el aforo no debía superar las 10.620 personas. El responsable directo de esto es Miguel Ángel Flores, el "administrador de hecho" de la empresa que actuó "movido por un claro ánimo de enriquecerse", dice el fiscal.

Flores, en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros, parece que se ha sumergido en un nuevo e importante proyecto empresarial, según El Mundo. Después de ser uno de los empresarios de ocio nocturno más destacados de la capital, el promotor de la fiesta del Madrid Arena ha sido el elegido por el holding empresarial Grupo Alonso para convertirse en la piedra angular de un nuevo proyecto que pretende revitalizar 33.000 metros cuadrados en la parte superior de la estación de Chamartín, donde Flores ya abrió con éxito Macumba o DGreen.

El empresario, que actualmente limita su actividad profesional a la dirección de su gimnasio (Castellana Sports Club), será el coordinador de un proyecto en el que se invertirán unos diez millones de euros y que albergará 2 pabellones multiusos, 6 auditorios, un centro de negocios, 4 pabellones de exposiciones, un club social deportivo, 4 restaurantes y 3 terrazas. Su apertura está prevista para final de año.