Una resolución que se ha elaborado teniendo en cuenta diversos datos y normativas y que ha sido aceptada por la Consejería de Presidencia.

El 70 por ciento de la población española ha jugado a juegos de azar en alguna ocasión y esta práctica ha provocado la aparición de un grupo de personas que hacen un uso inadecuado de la misma. Su abuso puede convertirse en un enfermedad con graves consecuencias conocida como ludopatía.

Esta adicción a los juegos de azar afecta a un buen número de ciudadanos y el aumento de la oferta de máquinas tragaperras, de sorteos o juego en internet ha provocado el aumento del caso de ludopatía, que afecta al 2 por ciento de la población adulta o adolescente, a lo que hay que sumar un tres por ciento más de jugadores con problemas, es decir, que tienen el mismo comportamiento pero no tienen diagnosticado el problema.

Castilla y León cuenta con una normativa específica en materia de bingos y casinos de juego, no así para locales de máquinas recreativas, que tienen previsto la prohibición de entrada a estos locales a quienes, entre otros, estén incluidos en un registro de personas específico, pero en el resto de normativa en materia de juego no prevé la aplicación de este régimen de prohibiciones de acceso voluntario a los salones recreativos.

En el caso de los salones de juego destinados a la explotación de máquinas recreativas no se prevé la inscripción en un registro de prohibidos que los soliciten a la autoridad competente y, por tanto, no es posible impedirles el paso, a diferencia en lo establecido en casinos y bingos.

Por esta razón, el Procurador de Común ha considerado que se está olvidando del potencial riesgo que representa la actividad desarrollada por esta clase de establecimientos para aquellas personas que sufren la enfermedad, ya que según los datos del sector, el 36 por ciento corresponde a la demanda de este tipo de máquinas recreativas, muy por encima de los juegos de bingo que constituyen un 7 por ciento o de las mesas de los casinos que es un 4 por ciento.

Además, se ha tenido en cuenta que Castilla y León registra uno de los porcentajes más altos de estas máquinas recreativas con 14.142 en 2014, solo superado por cuatro comunidades, Cataluña (38.138), Andalucía (27.799), Comunidad Valenciana (24.697) y Comunidad de Madrid (23.694).