La Junta de Castilla y León ha ofrecido este martes, en la quinta reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, la devolución de la extra pendiente de 2012, más de 150 millones de euros, antes de final de 2016 y la posibilidad de disfrutar del sexto 'moscoso' hasta el 31 de marzo del próximo año.

En concreto, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado recogido por Europa Press, el planteamiento expuesto hoy incluye la devolución de un 50 por ciento de la extra antes de finalizar 2015 y el otro 25 por ciento durante 2016.

"Esta propuesta es la mejor de cuantas han planteado las administraciones: el Estado devuelve el 26,23 por ciento y el resto, a lo largo de 2016", destacan las mismas fuentes antes de referirse al tema de los días de asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad y de recordar que en la actualidad son seis los días de asuntos particulares o 'moscosos' tras la ampliación realizada por el Gobierno.

En este punto, la propuesta de la Junta se centra en posibilitar que ese sexto 'moscoso' pueda disfrutarse durante dos meses más, en concreto hasta el 31 de marzo de 2016.

En lo que concierne a los días de asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad, el Gobierno central deja la decisión de su recuperación a cada administración, punto en el que explica que la Junta propone recuperar la mitad de los días de 2015 y todos a partir de 2016 mientras que el disfrute de los de 2015 se realizaría entre 2016 y 2017 "para que el servicio público se pueda seguir prestando con normalidad".

En la propuesta del Gobierno autonómico se contempla que los días adicionales a las vacaciones y los de asuntos particulares por antigüedad no implicarán sustituciones salvo en el sector de sanidad (este año el coste ha superado los 60 millones) y servicios sociales, donde la decisión corresponderá a las Gerencias autonómicas, según las necesidades del servicio.

Un tercer punto de la propuesta presentada recogía la reclamación "de forma inmediata y de manera conjunta" al Gobierno de la Nación actual y al que se constituya después de las elecciones generales del 20 de diciembre de la recuperación de la jornada de 35 horas, el pago del cien por cien de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que el pago de la extra de 2012 y las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.

La función pública

El acuerdo trasladado por los responsables de la Junta en materia de Función Pública incluía un bloque de medidas "dirigidas a mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León" y contempladas en 14 puntos que se centran, entre otros, en la "modernización" de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) "hacia un sistema que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público", y la negociación de los puestos tipo; la aprobación de las nuevas RPT de servicios periféricos y centrales durante el año 2016 y a continuación convocar las plazas vacantes a través del concurso abierto y permanente.

Asimismo, proponía estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar en un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas; el desarrollo durante el año 2016 del Estatuto básico del Empleado Público de Castilla y León; la reducción de la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas; promoción interna cada dos años o el avance en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta.

A estas se suman el inicio de la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con el objetivo de concluir el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y la aprobación del Plan en el primer trimestre de 2017; la mejora de la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos; la modernización de la acción social de la Junta hacia conciliación de la vida familiar y laboral y la atención a las personas con discapacidad; evaluación del funcionamiento del teletrabajo durante 2016; la reorientación de la formación dando prioridad a la dirigida a mejorar los conocimientos del empleado público para el desempeño de su puesto de trabajo tras el acceso al mismo.

La negociación de un nuevo régimen de bolsas de empleo se suma al "compromiso" de la Junta de acompañar de una memoria económica el Acuerdo de mejora y modernización de la Función Pública propuesto a los sindicatos.