Los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunitat Valenciana al estimar que pueden ser inconstitucionales.

El Gobierno ha solicitado en consecuencia que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat Valenciana con el fin de buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Ejecutivo central.

En ese escrito, el Gobierno expone que el decreto ley que el ejecutivo valenciano aprobó el pasado 24 de julio por el que reguló el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana "puede incurrir en extralimitación competencial".

Ese decreto devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con la prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

El Gobierno expone que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y de las prestaciones básicas en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública. Así, en ejercicio de sus competencias de bases de Sanidad, el Estado ha aprobado una ley del Sistema Nacional de Salud (SNS), que estableció los requisitos para ser asegurado y beneficiario, la cartera común de servicios, las prestaciones de salud pública y la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica.

Por ello, el Gobierno considera que el decreto ley, cuyo fin es garantizar el acceso a las prestaciones del SNS a los extranjeros en situación administrativa irregular, "vulnera la competencia estatal", ya que la determinación de las condiciones para acceder a las prestaciones del SNS y su contenido básico corresponde "exclusivamente" al Estado.

Para el Gobierno, también suscita "controversia" la "adecuación a la normativa estatal" de los apartados del decreto que señalan que para acceder a las prestaciones sanitarias habrá que cumplir requisitos como estar empadronado en algún municipio de la Comunitat.

Sobre los artículos del decreto que regulan las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, ortoprotésicas y de salud pública, el Gobierno opina que "incurren en inconstitucionalidad", porque la definición del ámbito objetivo de la materia "Sanidad" corresponde al Estado, y las prestaciones a que tienen derecho los asegurados las ha establecido el Estado.

El Gobierno también considera que puede haber motivos de incompatibilidad con la ley del SNS en los artículos relativos a la solicitud, el documento de identificación, la asignación de médico y los supuestos de exclusión y fin de la validez de la acreditación.

La disposición que faculta al ejecutivo valenciano a regular el acceso a la sanidad pública de los extranjeros no registrados en España como residentes y que cumplan los requisitos fijados en la norma, y la que establece la evaluación del cumplimiento de los objetivo del decreto ley, también pueden incurrir en incompatibilidad.

Finalmente, el Gobierno pone de manifiesto la posible incidencia de la aplicación del decreto ley con un artículo del Reglamento de la Comisión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.