La concejal de Hacienda de Puerto Real (Cádiz), Mónica González, de 'Sí se Puede Puerto Real' (SSPPR), ha presentado este lunes su dimisión tras saltar a la luz su imputación desde 2007 en el conocido 'caso Eurowork', empresa que supuestamente estafó a 5.000 inmigrantes latinoamericanos con falsas ofertas de trabajo.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Puerto Real, gobernado por una coalición de Podemos, Equo e Izquierda Unida, ha indicado que ha decidido dejar el cargo tras "comprobar que se está ejerciendo una presión mediática desmedida e injusta" sobre sus compañeros.

"De lo único que puedo sentirme culpable es de haber terminado la carrera de Derecho e ilusionarme por un máster de extranjería en el que podía ayudar a los inmigrantes a venir a España regularmente", explicaba Gónzalez hace unos días en rueda de prensa.

González ha defendido su inocencia y culpa a Luis Batlle Vilaseca, ahora detenido como máximo responsable de la trama. En relación con su futuro político, ha adelantado que ha sido, es y será "una activista social".

Por su parte, el abogado de decenas de afectados por el supuesto desfalco internacional de la empresa Eurowork, Demóstenes Mamani, afirma que, según sus clientes, González tuvo gran participación en la empresa cuando aún estaba en activo hace algo menos de diez años.

"Yo no soy juez, soy abogado de la acusación particular, y mis clientes aseguraban que ella asumía plenamente la representación de la empresa. Hasta el último momento estuvo incitando a algunas víctimas a pagar por los supuestos contratos de trabajo", indica a 20minutos el letrado de la acusación particular.

Los grandes sorprendidos del cargo público que ha ocupado Mónica González durante estos meses han sido los afectados por la empresa Eurowork.

La familia de la ecuatoriana Victoria Guayenai pagó casi 2.500 euros por cinco promesas de trabajo para traer a sus familiares legalmente a España.

"No sé cómo pueden poner a alguien así a dirigir a un pueblo. Para mi esa persona no tiene nombre. Es de lo peor", sostiene esta mujer residente en Madrid.

Guayenai recuerda con crudeza aquellos días en los que esperaba a sus familiares entre falsas esperanzas: "Recuerdo a Mónica como una persona convencedora para que nos involucráramos y siguiéramos esperando la oferta de trabajo. Primero te decía que tardarían tres meses y trabajarían en una fábrica de zapatos, luego ocho y era para un contrato en el campo, y después todo mentira".

A pesar de todo, aunque hayan pasado casi diez años y aún no haya una sentencia, Guayenai espera justicia, pero matiza que no tolera que, después del "daño causado", Mónica González se ponga del lado de las víctimas: "Trata encima de tomarnos por tontos, sabiendo que ella engañó. Recuerdo cómo le suplicamos para que nos devolviera el dinero y de un día para otro desaparecieron las oficinas".

El caso Eurowork saltó a la luz en España en febrero de 2007, tras la desesperación de miles de inmigrantes a los que cobraron unos 460 euros a cambio de una promesa de trabajo en España que nunca llegó. En total las autoridades calculan que el desfalco pudo ascender a casi 2,5 millones de euros.

El caso fue cobrando importancia a medida que la paciencia de los latinoamericanos comenzó a agotarse tras meses de espera y las denuncian contra Eurowork se acumulaban en comisarías y juzgados.

Con acusaciones a un lado y al otro del océano, la empresa inició el cierre en cadena de sus oficinas en Colombia, Ecuador, Perú o España. Cabe destacar que, en algunos países de América Latina, como fue el caso de Ecuador, el gerente de la delegación de Eurowork, Orbe Castillo Jaramillo, terminó entre rejas con una condena inicial de cinco años por estafa.

En un principio, Mónica González, exedil de Puerto Real, manifestaba en Latino, periódico que destapó el caso de la supuesta estafa, que la causa del cierre en España fue motivada por una falta de la licencia que le solicitaba el Ayuntamiento de Madrid para seguir operando.

Sin embargo, en marzo de 2007, la Policía procedió a su detención y la del otro administrador, Luis Battle Vilaseca, por delitos de estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En España, las numerosas denuncias repartidas en decenas de juzgados españoles no hizo más que retrasar el proceso judicial. Tribunales de Madrid, Barcelona, Murcia o Granada recibieron las quejas oficiales de decenas de inmigrantes que confiaron su dinero a Eurowork para traer a sus familiares a España de manera legal.

No fue hasta octubre de 2007, una vez que el caso cayó en manos del exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuando el proceso comenzó a unificarse. No obstante, durante este tiempo, la justicia perdió el rastro de Luis Batlle, y sobre él pesó una orden internacional de busca y captura, que culminó con su detención en octubre de 2014 en Tailandia, donde vivía con una identidad falsa haciéndose pasar por un prestigioso chef español.

Ahora la fiscalía le pide 12 años de prisión como máximo responsable de la empresa Eurowork Global España SA, por delitos de estafa y asociación para delinquir. Pero González ha manifestado que ella es una víctima más de este empresario catalán, al igual que los otros 5.000 inmigrantes.

Según señala el abogado Demóstenes Mamani, el caso ha dado un giro con la extradición a España de Luis Battle hace unos dos meses."Ahora estamos a la espera de que señale la fecha de juicio", indica.

Mamani también hace un llamamiento a la unión de las víctimas para que el caso siga su curso judicial. Y es que "muchos de los afectados se volvieron a sus países y ya apenas son una decena -de los 300 inciales-" los que han continuado para que se haga justicia con el caso Eurowork, que ya se demora casi diez años sin respuestas.