La Unión Europea (UE) sabe desde hace años que las emisiones contaminantes de los coches a la atmósfera son mayores que las que muestran las pruebas a los vehículos en los laboratorios, pero no ha detectado indicios de fraude, han asegurado este viernes fuentes comunitarias.

La Comisión Europea (CE) es consciente desde 2010 de que existen diferencias entre los resultados que arrojan las pruebas que actualmente se realizan en laboratorios para medir las emisiones de cada modelo no solo en el caso de Volkswagen, sino de todo tipo de marcas, aseguraron esas fuentes. Esta diferencia no es un secreto para el sector ni para las organizaciones medioambientales, que llevan años pidiendo controles más exhaustivos.

El escándalo tampoco ha causado una gran sorpresa en la industria automovilística. "Todos veíamos algo raro, no era normal que el Grupo Volkswagen fuese el que menos problemas tuviese siempre en las pruebas del filtro antipartículas"; comentaba a 20minutos una fuente del sector que cita varios casos de usuarios de la marca alemana que deseaban reprogramar su consumo porque era "superior al que teóricamente debía tener su modelo".

Expertos comunitarios advirtieron del riesgo de fraude en las mediciones de emisiones contaminantes de los coches en 2013, dos años antes de que emergiese el caso Volkswagen y se conociese que la compañía había trucado once millones de coches para eludir estos controles.

En un informe público del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CE), los especialistas en mediciones alertaron no solo de que las pruebas de laboratorio no se ajustaban a las emisiones reales de los vehículos en carretera, sino que también apuntaron al posible uso de dispositivos de desactivación de los controles.

Los expertos reconocen en ese documento que "el uso de dispositivos de desactivación está generalmente prohibido", pero explican que "existen excepciones en los casos en que sea necesario para proteger el motor contra daños y para garantizar un funcionamiento seguro del vehículo".

Lo cierto es que pese a tener constancia de esta posibilidad, la detección de la utilización de dispositivos de desactivación es una tarea que quedaba fuera del ámbito del grupo de trabajo que presentó el informe, según explica el mismo documento que se conoció este viernes. La CE se ha limitado hasta el momento a decir que los encargados de realizar los exámenes de emisiones de los vehículos y de dar a los coches el visto bueno si cumplen con las mismas son los Estados miembros, a los que ya ha solicitado que abran investigaciones, no solo a Volkswagen sino también a otros fabricantes.

La Comisión trabaja desde 2011 para cambiar los análisis en laboratorio por pruebas de conducción real por las evidencias de que las condiciones de circulación hacen que las emisiones aumentaran respecto a los asépticos controles de laboratorio, según esas fuentes. En mayo se aprobó un primer paquete legislativo para introducir estos controles de conducción real, pero aún falta que se dé luz verde a un segundo paquete que marcará los límites que los vehículos no pueden exceder, que las fuentes esperaron que esté adoptado para finales de año.

En la práctica, esto supone que, a nivel de supervisión de las emisiones, estos test entrarán en vigor el 1 de enero, pero los nuevos límites no se esperan hasta otoño de 2017, parcialmente, y para todos los vehículos nuevos en otoño de 2018.

Los estados miembros son los encargados en Europa de llevar a cabo los exámenes de emisiones de los vehículos y de dar a los coches el visto bueno, por lo que los controles no están en manos de Bruselas, que por el momento trata de facilitar el intercambio de información y la cooperación entre países, según las fuentes.

Tras el estallido del escándalo de Volkswagen, que reconoció haber trucado once millones de coches para eludir los controles de emisiones contaminantes, el Ejecutivo comunitario ha "animado" a todos los estados miembros a que inicien investigaciones para aclarar si las manipulaciones han afectado también a vehículos en sus territorios. Por el momento, Francia, Italia y Alemania han iniciado ya investigaciones al respecto, sobre las que se espera que puedan dar cuenta el próximo 6 de octubre, en la reunión de un grupo técnico que aúna a las autoridades competentes de todos los estados miembros y a representantes europeos.

El Gobierno español, por su parte, a través de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha condicionado la adopción de medidas a que se conozcan "todas" las circunstancias. La vicepresidenta ha explicado que, una vez que se conozcan, se adoptarán "las medidas pertinentes".