El Supremo ha rechazado el recurso de las víctimas de la talidomida y les ha negado la indemnización de 204 millones de euros que reclamaron ante el alto tribunal en una sentencia que ha votado por ocho a uno la sala de lo Civil, reunida en pleno este miércoles.

La Audiencia de Madrid anuló el año pasado las indemnizaciones que pedían a Grünenthal, la farmacéutica que vendió el medicamento dirigido a calmar las naúses de las embarazadas y que causó malformaciones a los recién nacidos.

Aquella sentencia consideró prescrita la acción de los perjudicados, quienes recurrieron ante el Supremo, cuya Sala de lo Civil ha confirmado aquel fallo y considerado prescrita la cuestión a pesar del informe del fiscal favorable al recurso.

En la sentencia de la Audiencia se basaba la prescripción en que ha transcurrido con creces, incluso en la hipótesis más favorable a los afectados, el plazo previsto por la ley civil para el ejercicio de su acción.

El alto tribunal ha considerado este martes que el plazo de un año que según la ley existe para la reclamación de las víctimas no podía tomar como punto de partida el decreto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó reconociendo los perjuicios causados por el medicamento.

Aquel decreto, considera el Tribunal Supremo, concedió ayudas a los afectados por razones de solidaridad, pero no puede ser considerado para calcular el plazo de prescripción. Debieron demandar a la empresa farmacéutica en un momento muy anterior, dice el tribunal.

El fallo deja abierta la posibilidad de nuevas reclamaciones civiles fundadas en la aparición de daños no conocidos hasta ahora y respecto a los cuales, por tanto, no haya transcurrido el plazo de prescripción.

El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, José Riquelme, ha declarado que la decisión del Supremo de rechazar "es un mazazo que no esperábamos".

"No entendemos cómo, con un informe positivo del fiscal que nos apoyaba, han fallado así", ha declarado a las puertas del Supremo, donde aguardaba el fallo, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite).

"Estamos acostumbrados a estos jarros de agua fría y seguiremos luchando hasta el final. No lo esperábamos, teníamos el apoyo de la fiscalía y muy buenas razones técnicas, como por ejemplo el hecho de que en Alemania y en Australia estén pagando las indemnizaciones y aquí, no", ha declarado por su lado el abogado de las víctimas, Ignacio Martínez.

Por su parte, la farmacéutica Grünenthal ha reiterado que las víctimas ya cuentan con medios "satisfactoriamente establecidos" para beneficiarse de ayudas económicas y declina hacer ningún tipo de valoración "hasta haber recibido la sentencia oficialmente".

El principio activo se distribuyó en más de 50 países del mundo, con más de 80 nombres comerciales y, según Avite, provocó malformaciones en más de 20.000 bebés en todo el mundo, unos 3.000 de ellos en España.

Las víctimas de la talidomida fueron indemnizadas en Alemania en 1971 y también recibieron compensaciones hace décadas en países como Francia, Japón, Suiza, Australia o Italia.

En España, el Gobierno no reconoció oficialmente la existencia de afectados hasta 2010, cuando aprobó un real decreto de ayudas para una veintena de perjudicados. Aunque en la actualidad son 18 los reconocidos, según ha confirmado AVITE a 20minutos.

Además, a diferencia de Alemania y otros países, en los que las víctimas pactaron con la farmacéutica y perciben pensiones vitalicias a través de la fundación Contergán, en España no se llegó a alcanzar un acuerdo, a pesar de que ambas partes mantuvieron tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid.

La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para el conjunto de todos los afectados, pero éstos lo rechazaron.

En 2011 Avite demandó a Grünenthal y argumentó que la farmacéutica siguió vendiendo la talidomida en España después de su retirada en Alemania.

En agosto de 2012, la farmacéutica pidió perdón a los afectados y en noviembre de 2013 el juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a Grünenthal a pagar a cada uno de los afectados 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración.

Casi un año después, sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó la decisión -al considerar que la demanda se había presentado fuera de plazo- y canceló las indemnizaciones a las víctimas, que recurrieron ante el Supremo.