La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía ha desarticulado una organización, compuesta por 44 personas, dedicada a la venta de la lotería ilegal conocida como 'La Rápida', una actuación en la que se han incautado también un total de 163.590 boletos, lo que significa la mayor operación en Málaga contra esta práctica fraudulenta.

El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado en rueda de prensa la importancia de esta operación, al ser la primera vez en que se desmantela una red de forma completa. En este caso eran 44 personas, entre ellas el cabecilla, siete recaudadores y 36 vendedores. Igualmente, se ha localizado por primera vez, y clausurado, la sede desde la que se coordinaba toda la actividad.

Gracias a esta operación, junto a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y el Servicio de Juegos de la Delegación del Gobierno, los agentes han intervenido un total de 163.590 boletos de 'La Rápida', algo más de 2.300 euros en metálico, diverso material informático, así como documentación de contabilidad y de control de venta diario de la organización.

Ruiz Espejo ha resaltado la importancia de esta incautación dado que a lo largo de este año, antes de que se llevara a cabo esta intervención, se habían intervenido 5.427 boletos de 'La Rápida', "lo que da cuenta de la magnitud de esta operación".

Una recaudación anual de un millón de euros

La investigación y análisis de la documentación, así como la cantidad de dinero intervenido, "ponen de manifiesto que esta red alcanzaba una recaudación anual de aproximadamente un millón de euros" a través de este sistema de venta ilegal de lotería, ha explicado Ruiz Espejo.

Esta operación es fruto del Plan de Inspección de Juegos y Apuestas 2014-2016. El delegado del Gobierno, que ha felicitado a los agentes y a los funcionarios del Servicio de Juego por el trabajo de lucha contra la lotería ilegal, ha incidido en que las administraciones públicas tienen la "obligación de perseguir y erradicar las actuaciones ilícitas que suponen un fraude económico y social por sus implicaciones contra Hacienda y el sistema tributario y los trabajadores".

La intervención realizada en esta operación policial dará lugar a las actuaciones judiciales y administrativas que se determinen. En el caso de las competencias del Servicio de Juego de la Delegación del Gobierno, supone una infracción muy grave contra la Ley de Juego de la Comunidad Autónoma, que prevé sanciones de hasta 300.000 por "la organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas sin poseer ninguna de las autorizaciones administrativas...".