La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Galicia ha instado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a asumir el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que exige a la Administración sanitaria gallega que sufrague el tratamiento a reclusos.

La asociación ha mantenido un encuentro este viernes en el Parlamento gallego con los grupos de la oposición, a los que le ha trasladado una proposición no de ley en la que se exige al Sergas la aplicación de una sentencia del TSXG, con fecha del 20 de marzo.

En concreto, el alto tribunal gallego falló en favor de un recluso enfermo de hepatitis y, de este modo, obliga al ente sanitario a dispersar el tratamiento en los centros penitenciarios hasta que no se resuelva la disputa que mantiene con el Ministerio del Interior sobre quién debe ser el encargado de asumir el coste del fármaco.

En declaraciones tras la reunión, en la que no ha participado el PPdeG, el presidente de la la plataforma, Quique Costas, ha aclarado que mantienen "las relaciones rotas con el grupo popular, pero no con las administraciones dirigidas por este partido" tras la "votación vergonzosa" del pasado mes de febrero.

La plataforma se refiere a la votación en la Cámara gallega en la que los populares declinaron una iniciativa para garantizar el acceso a los tratamientos de los enfermos de esta dolencia. Miembros de la Plataforma tuvieron que ser desalojados de la Cámara gallega tras enfrentarse a los diputados del PPdeG.

"situación alarmante"

El presidente de la asociación ha alertado de la "situación alarmante" a la que se enfrentan los reclusos enfermos de hepatitis. Según datos del Ministerio del Interior señalados por Costas, "750 personas de los 6 centros penitenciarios gallegos padecen Hepatitis C", de los que "solo 10 están recibiendo tratamiento".

"De esas 10 personas, solo 3 recibieron el tratamiento desde el Sergas y lo iniciaron en estado de reclusión. Los demás, ingresaron en prisión con el tratamiento iniciado", ha asegurado Costas, que ha añadido que algunos reclusos "aceptaron su traslado a Madrid para poder ser tratados".

Costas ha señalado que el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C apunta que los reclusos son un "grupo prioritario". "Sin embargo, parece que la prioridad es no tratarlos", ha ironizado el presidente de la plataforma.

"Se trata de un atentado contra los derechos fundamentales de las personas e, incluso, contra los derechos humanos", ha criticado Costas, que ha recordado que los reclusos "solo están privados de un derecho, el de la libertad".

Falta de datos

La plataforma también ha censurado los problemas a los que se enfrentan a la hora de acceder a información sobre los reclusos afectados por esta dolencia, ya que "todos los datos" de los que disponen son gracias al "trabajo de campo, preguntando a abogados, familia, médicos y personal de los centros penitenciarios" pese a que, esto último, "está prohibido".

Costas ha cerrado su intervención recordando que el tratamiento a reclusos "no es una cuestión opinable políticamente", al tiempo que ha anunciado que la asociación "no retomará las relaciones con el PPdeG hasta que no se disculpen por las falsedades" y hasta que "no cese la hostilidad" hacia el colectivo de enfermos de hepatitis.