El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal porque quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al exministro de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el instructor volverá a llamarle una vez que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, entregue sus conclusiones.

Pese a que se ha acogido a su derecho a no responder a ninguna pregunta, Rato se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia y a acudir ante el juez siempre que sea llamado.

El expresidente de Bankia ha alegado que no podía declarar porque desconoce los hechos concretos que se le atribuyen y porque ignora el contenido de ese nuevo informe, que debe versar sobre todo lo que se incautó en su casa y en su oficina. Además, fuentes próximas al exbanquero han asegurado que ha sido decisivo en su decisión la testifical del pasado lunes de la inspectora jefe de la Oficina Antifraude, Margarita García-Valdecasas, que no ratificó el primero de los informes de la Onif que propició su detención porque no era su autora.

En ese documento, la Agencia Tributaria relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal. Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway. Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".

El exvicepresidente del Gobierno llegó a primera hora a los Juzgados de Plaza de Castilla entrando por el garaje de entrada reservado a los funcionarios por recomendación de la Jefatura de Policía de Madrid para evitar altercados.

El exministro de Economía entró en un Opel Vectra gris por el parking después de que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, solicitara a la Policía un informe de análisis de riesgos, que terminó concluyendo que debía hacerlo por ese lugar, han informado fuentes jurídicas.

A las puertas, un pequeño grupo de preferentistas aguardaba la llegada del expresidente de Bankia y mostró su indignación por no poder increparle a su entrada.

Con esta decisión, se han evitado los incidentes que se produjeron, por ejemplo, con el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que tras una de sus comparecencias fue agredido por un manifestante que le lanzó una pancarta.