La titular del juzgado número 25 de Madrid ha archivado provisionalmente la querella criminal por injurias y calumnias que una funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la jefa de Patrimonio, había interpuesto contra 20minutos después de que este diario publicara informaciones que revelaban que el exalcalde de la localidad, Arturo González Panero, alias el albondiguilla, imputado en la trama Gürtel, había adjudicado de manera irregular un piso protegido a la funcionaria, Alicia Vallejo. Panero y Vallejo mantenían entonces una relación. En un auto fechado el 18 de mayo, la jueza dictamina que no hay indicios de ambos delitos en las informaciones.

La jueza considera en su auto de archivo que "el contenido de la información podrá compartirse o no, pero no puede tacharse de injurioso, ni calificarse como gratuito, infundado o de mera invención". La jueza enumera algunas de las pruebas documentales que este diario utilizó para sus informaciones, a las que califica de "transcendentes y de interés público al tratarse de un asunto de actualidad judicial y política". Termina su auto diciendo que "el deber de diligencia exigible al informador puede entenderse cumplido".

Este diario se había hecho eco de la instrucción que el juez Pablo Ruz, ahora ya fuera del caso, realizaba sobre la trama Gürtel. El magistrado estaba siguiendo el rastro del dinero que Panero pudo cobrar en sobornos entregados por la trama. En su poder, Ruz tenía un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), fechado el 1 de agosto de 2014, que informaba de un entramado de empresas constituidas en Holanda y Panamá que podían pertenecer a Panero y a su esposa, Elena Villarroya, también imputada. Ahora están separados.

El informe de la ONIF revelaba que una de la empresas presuntamente controladas por Panero, Solarus Ibérica, había comprado el 14 de junio de 2007 una vivienda a su amiga Alicia Vallejo. El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, que está personado en la causa, tras conocer este informe, pidió al juez Ruz que imputara a Alicia Vallejo al entender que la adjudicación de la vivienda protegida que recibió la funcionaria había sido irregular. ¿Por qué? Porque aunque Vallejo fue adjudicataria del piso protegido en el año 2008, ya en 2007, concretamente en marzo, Vallejo (que había entrado en los procesos de selección de viviendas públicas) firmó una declaración jurada asegurando que no era dueña de ningún inmueble. El informe de la ONIF, en cambio, revelaba que no era cierto, ya que había sido propietaria hasta el 14 de junio de 2007 de otro piso, tres meses después de firmar esa declaración. El piso que había vendido a Panero.

El Ayuntamiento entendía que con estas nuevas revelaciones aportadas por la ONIF dentro de la investigación del caso " y la documentación obrante en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de la localidad, Alicia Vallejo no cumpliría con los requisitos legales para acceder a dicha adjudicación". El Consistorio decidió el año pasado poner en conocimiento del juez Ruz cómo se desarrolló el proceso de adjudicación para que éste valorara la pertinencia de citar como imputada a la funcionaria. No lo hizo, ya que la adjudicación de este piso protegido no entra dentro de la investigación del caso.

Pero Hacienda entendía que cuando Panero compró el piso a su amiga Alicia ambos se pudieron beneficiar. Él blanqueó dinero y ella se deshacía de la casa que podía comprometerla en el proceso de adjudicación de una vivienda protegida. Por eso, el 23 de marzo de 2015, Ruz decidió llamar a declarar a Vallejo en calidad de imputada "por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales" por la venta de un piso "a una sociedad, a sabiendas que la misma pertenecía a Arturo González Panero y de que sus fondos tenían una procedencia indiciariamente ilícita". Vallejo declaró el 15 de abril.