La presidenta del PP madrileño y candidata a la alcaldía, Esperanza Aguirre, aseguró este sábado en La Sexta Noche que todos los dirigentes del PP, menos ella y Alberto Ruiz Gallardón, cobraron sobresueldos.

"Sobresueldos en Génova 13 cobró hasta la madre superiora, excepto Esperanza Aguirre y Gallardón", decía el periodista Eduardo Inda, a lo que Aguirre respondió "exactamente".

A mí no me metan en los temas de Bárcenas, Rato... traigan aquí a alguien de la dirección nacional", pedía a los responsables dcel programa, que trataban de excrutar su opinión sobre la situación interna de su partido.

"Yo jamás he hablado con ese señor", dijo sobre Bárcenas. "A mí lo que me afectan son solo dos consejeros, el señor Granados y el señor López Viejo", continuó.

A Ignacio González le exculpó de cualquier acusación y dijo de él que "es un hombre con muchas virtudes".

El matrimonio Bárcenas ha pedido que testifique en el juicio del caso Gürtel la hija del extesorero del PP Rosendo Naseiro, María Paz Naseiro, por su "conocimiento" de las operaciones de compraventa de cuadros en las que han justificado el incremento de su patrimonio y que han sido consideradas ficticias.

Tanto el extesorero Luis Bárcenas como su mujer Rosalía Iglesias, solicitan esta testifical en sendos escritos de defensa que han presentado sus abogados en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, en respuesta al auto de apertura de juicio oral por hechos de la primera época de Gürtel (1999-200), a los que ha tenido acceso Efe.

En lo que se refiere al escrito de defensa de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, que se enfrenta a una petición del fiscal de 24 años y un mes de cárcel, su abogada Marta Giménez Cassina insiste en que ésta "carece de conocimientos, preparación, o formación" para liquidar tributos, realizar inversiones o manejar cuentas bancarias, por lo que delegaba "absolutamente todo" en su marido, en quien "tiene confianza absoluta".

Según la letrada, no basta "la condición de cónyuge como para tener que responder por una supuesta participación de delitos que no se han cometido" y, en cuanto a los que se le atribuyen a título personal, "no ha podido en ningún caso cometerlos".

Niega así la comisión de los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se le imputan y, sobre el incremento de su patrimonio en 2006, mantiene que se debió a una compraventa de cuadros por 500.000 euros "y de cuya gestión se ocupó en exclusiva su esposo".

Sobre esa considerada ficticia compraventa, que le ha valido al matrimonio las imputaciones de delitos de falsedad continuada y tentativa de estafa procesal, sostiene que los contratos firmados entre Iglesias y la testigo Isabel Aranaz (la pintora argentina Isabel Mackinlay), "pese a la negativa de esta última, son ciertos y reales".

Esgrime como prueba de ello un informe pericial caligráfico de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que acreditaría que la firma en esos contratos, rubricados en 2004 y 2006, se corresponde a la letra de Aranaz, pese a que esta negó haberlos firmado cuando declaró como testigo ante el juez Pablo Ruz.

En la causa, según el escrito, obra además un informe de la Agencia Tributaria, que reconoce la adquisición en 1987 de dos de los cuatro cuadros vendidos en 2004, 'Circuncisión' y 'Presentación de niño en el templo'.

Como medios de prueba, además de proponer la testifical de la hija de Naseiro "en atención al conocimiento" que tuvo "en las operaciones de compraventa de obras de arte que se consideran ficticias por las acusaciones", la abogada pide también que testifique el que fuera director de la oficina del Banco Popular en la que se solicitó un crédito para la compra de cuadros.

También pide la comparecencia como testigo del inspector de Hacienda que realizó un informe en febrero de 2010 ante el Tribunal Supremo sobre la regularidad en la operación de un crédito del Banco Popular de fecha 9 de diciembre de 2002 para la compra de dos bodegones de Juan Van Der Hamen.

En relación con la acusación de haberse apoderado de 149.600 euros de la supuesta caja B del PP, en principio destinados a la compra de acciones de Libertad Digital y que fueron presuntamente empleados, según las acusaciones, en la compra de un apartamento en Baqueira, la defensa pide que testifique la persona a la que supuestamente se le vendieron esas participaciones.