El ático 11, el ya famoso ático de lujo de Ignacio González, ha regresado de nuevo a la escena mediática días antes de que el PP anuncie sus candidatos para Madrid en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El todavía presidente madrileño ya ha anunciado su interés en formar parte de la terna electoral y esgrime que todo es una campaña contra él. Ahora, el ático y su dueño son protagonistas de un supuesto complot policial en el que ha irrumpido con fuerza una figura que hasta la fecha permanecía velada, sin hacer mucho ruido: el empresario y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Un culebrón con un nuevo protagonista: un polémico comisario de la Policía Nacional denunciando a González tras destaparse una reunión entre ambos. Estas son las claves del caso.

Es el ático 11, del bloque 11 de la urbanización Alhambra del Golf, en Estepona (Málaga). Se trata de un ático dúplex de 112 metros cuadrados con tres dormitorios, tres baños, un aseo, cocina, salón-comedor, lavadero y terrazas de 112 metros cuadrados. En total, la superficie es de 257 metros cuadrados. Subiendo por una escalera situada en la terraza se sube a otra terraza en el ático de 238 metros cuadrados. Es una urbanización de lujo. Uno de los vecinos de Ignacio González es Carmen Franco, la hija del dictador.

El diario El Mundo ha publicado que González se reunió el 29 de noviembre de 2011 con dos comisarios de la Policía Nacional para pedirles que no trascendiera públicamente una investigación policial que se había abierto para dilucidar quién era el verdadero dueño del ático. Los comisarios eran José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. De esta reunión se hizo un informe policial que se ha aportado a la causa abierta en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que investiga a los policías que investigaron a González.

González convocó el mismo día de la publicación una rueda de prensa confirmando la reunión, pero asegurando que fueron los policías quienes la pidieron y que él, al parecerle una cita muy sospechosa, acudió con cuatro colaboradores, acompañantes que no aparecen en el informe policial. Según González, Villarejo le informó de que había actuaciones policiales sobre el ático y le pidió cierta documentación para evitar que estas pesquisas vieran la luz. "Yo no caí en el chantaje que lo que pretendía era cubrir la actuación policial que luego se demostró que era ilegal", se ha defendido González. Como reacción, el comisario Villarejo ha presentado el 3 de marzo una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Ignacio González (ver PDF). "Lo único que hicimos fue solicitar de manera discreta al señor González la posibilidad de que acreditara el vínculo que le unía a dicho ático, una vez que este comunicó que deseaba colaborar con la investigación en curso", señala Villarejo en su denuncia.

A raíz de otra investigación. En agosto de 2011, Interpol-Francia informó a la Policía española de la existencia de unos ciudadanos rusos que traficaban con droga y que se alejaban en la urbanización Alhambra del Golf. La Policía inicia sus pesquisas y al comprobar los pisos encuentra indicios que relacionan el ático 11 con González. Se abre discretamente una nueva investigación. No es una investigación judicial. Se trata de "inteligencia", en el argot policial: comprobar ciertas informaciones antes de concluir de que existe algún delito y pedir la apertura de diligencias previas en un juzgado.

La versión no oficial asegura que el entonces Director Adjunto de la Policía (DAO), el número 1 del cuerpo, Miguel Ángel Fernández-Chico (ya fallecido), decide que las pesquisas previas las realice un comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios,

La investigación policial sobre el ático salta a la prensa en marzo de 2012. El diario El Mundo publica la existencia de la investigación policial. González lo negó todo y solo reconoció que alquilaba el ático, por el que pagaba 2.000 euros mensuales y que estaba en trámites para adquirirlo. También aseguró: "desconozco y creo que no existe ninguna investigación". Ahora, tres años después, reconoce por sus declaraciones que entonces mintió, ya que ahora admite la reunión de noviembre de 2011 con los mandos policiales.

Está acreditado que el ático era de la empresa Coast Investors LLC, situada en el paraíso fiscal de Delaware (EE UU). Es lo que los expertos llaman una sociedad instrumental, 'off-shore', creada específicamente para esa venta. Coast Investors se creó el 19 de marzo de 2008, e Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero empezaron a alquilar la vivienda en mayo de ese mismo año. La empresa no tiene una sede social propia, es el domicilio de Rudy Valner, un testaferro profesional. Para rizar más el rizo, el propietario de Coast Investors es otra sociedad, la panameña Waldford Overseas Investment LTD, gestionada a su vez por el despacho de abogados Mossak Fonseca & CO.

La escritura de compraventa (ver PDF) data del 18 de diciembre de 2012. Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero pagaron 770.000 euros, de los que 741.000 se abonaron mediante transferencia bancaria. La Policía cree que el valor del inmueble es de 1,3 millones de euros. En los meses que alquiló el piso, el matrimonio ha presentado 14 facturas trimestrales a nombre de Cavero y domicilio calle Hoces de la Hermida. El sindicato policial SUP, acusación en el caso, cree que en todas las facturas se repite una misma errata: la falta de espacio tipográfico entre la C/ y Hoces, una especie de corta y pega que podría sustentar la teoría de que son facturas creadas después para justificar unos alquileres que nunca se pagaron, ya que el SUP defiende que el piso pudo ser un cohecho.

Sí. En octubre de 2012 el SUP presentó una denuncia por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el juzgado correspondiente a la ubicación del ático, un juzgado de Estepona. Cae en el número 5. Según el SUP, Ignacio González ya era el propietario del inmueble mucho antes de admitirlo. El piso habría sido un regalo por su mediación a favor de la constructora Martinsa en uno de los mayores pelotazos urbanísticos que se investiga en el caso 'Gürtel': la famosa parcela UE124 de Arganda del Rey. No obstante, la investigación judicial lleva más de dos años paralizada: no han declarado ante la jueza ni testigos, ni los policías que indagaron el caso, ni el testaferro Rudy Valner, ni González ni su mujer.

Por otro lado, Ignacio González denunció a los policías que le investigaron. La denuncia fue aceptada por el juzgado de Instrucción 47 de Madrid, cuyo titular es Adolfo Carretero, hermano del que fuera director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero. Se da la circunstancia de que El Mundo publicó hace pocas semanas que Agustín Carretero, intentó sobornar con un puesto de trabajo que doblaba su sueldo a uno de los imputados clave en la causa que investiga el espionaje a varios altos cargos del PP de Madrid con fondos públicos, investigación que también está en el juzgado 47. Ignacio González denunció al comisario Agapito Hermes al que acusa de investigarle ilegalmente

Cuando se destapó el caso, el ministro del Interior, Jorge Fernández, señaló que entre julio y diciembre de 2011 la Policía abrió una investigación por el ático, aunque la calificó de "ilegal" porque no respondió a una orden judicial ni "respetó los protocolos previstos oficialmente". En abril de 2012, el comisario Agapito Hermes fue relevado de su cargo después de que la unidad de Asuntos Internos le abriera un expediente disciplinario. El agente siempre ha defendido que su actuación fue legal y respetando el conducto reglamentario. Hermes fue sancionado con diez de empleo y sueldo, pero no por dirigir la investigación, sino por perder el expediente con las conclusiones de esas pesquisas. Para su defensa, Hermes ha aportado en el juzgado número 47 la minuta del encuentro de los dos comisarios (Villarejo y García Castaño) con Ignacio González para acreditar que no hizo ninguna investigación ilegal.

Por otro lado, esta investigación también supuso la apertura de una información reservada (trámite previo al expediente) a otros tres policías, y el cese del entonces Comisario General de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.

En una petición de ampliación de pruebas, el SUP reclamó en noviembre de 2014 que se amplíen tres comisiones rogatorias a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá. También pide que cinco banco españoles aclaren los movimientos de las cuentas de González y de su mujer. Ni el juez ni la Fiscalía se han pronunciado aún sobre esta petición. El juzgado sí ha solicitado a Hacienda información fiscal sobre Coast Investor para saber si, como denuncia el SUP, ha existido evasión de impuestos.

El comisario Villarejo ha implicado al presidente del Atlético de Madrid en su denuncia. Según Villarejo, las comisiones rogatorias acreditarían que el día de antes de que Rudy Valner recibiera el dinero para comprar el ático que luego vendió a González, "justo la misma cantidad la habría recibido [Valner] de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol", en referencia a Enrique Cerezo. El Mundo ha publicado este miércoles que en otra reunión con Villarejo, Cerezo ofreció en nombre de González retirar la acusación de la Comunidad de Madrid contra el comisario Agapito Hermés si a cambio la Policía se olvida de la investigación del ático. Cerezo, en Onda Cero, ha reconocido la existencia de esa reunión, pero asegura que a él le llamo Villarejo, al que no conocía, para que hablara con González y retirara la denuncia contra Agapito Hermés.

El nombre de Cerezo ha estado siempre vinculado a la operación de compra del ático de González. El testaferro Rudy Valner ha trabajado para Cerezo. Para el SUP, Coast Investors solo fue la empresa pantalla utilizada por un tercero para vehicular el dinero con el que, presuntamente, se premió a Ignacio González por su intervención en la operación urbanística de Arganda. Ese tercero sería Enrique Cerezo.

La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM), formada por unos 200 trabajadores despedidos por el ERE de Telemadrid, ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia la admisión por parte del juzgado número 5 de Estepona su personación en la causa del ático. La plataforma recuerda que en julio de 2013, "realizaron una comparecencia ante el fiscal anticorrupción de Málaga en la que se entregó un extenso informe y documentación donde, entre otras cuestiones, se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo". En el momento en el que se produjeron las adjudicaciones, Ignacio González presidía el Canal de Isabel II y era el responsable político que tenía las competencias en materia audiovisual en la Comunidad de Madrid.

Es una figura polémica dentro de la Policía. Ha trabajado en operaciones encubiertas en la lucha contra ETA y el terrorismo 'yihadista', pero su nombre se ha relacionado recientemente con algunos de los casos más turbios de la actualidad. Su nombre aparece por ejemplo en el caso del 'pequeño Nicolás' y en el caso Bárcenas. "Es un comisario, pero no tiene comisaría. Es un mando policial, pero no tiene cargo orgánico dentro del estamento. José Villarejo es un veterano policía que se encuentra en 'servicios especiales'. Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, pero realmente no depende de nadie. Hace y deshace. Desde el siglo pasado, aparece relacionado con asuntos de lo más escabrosos, y todos con vinculaciones políticas". Así de define el periodista Fernando Lázaro en un reciente artículo.

Es cuestión de días que el PP anuncie quién será su candidato para la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo. Todo apunta que la elegida es Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno. González, que quiere seguir siendo presidente, ha asegurado que todas estas informaciones, precisamente en este momento, suponen una campaña de acoso y derribo contra él "para evitar que sea designado candidato", una campaña que "raya lo absolutamente obsceno". Solo el PP de Madrid ha hecho público un comunicado apoyando al presidente madrileño, aunque el texto están formados por dos vicepresidentes, no por la presidenta del partido en la Comunidad, Esperanza Aguirre. La propia Aguirre ha otorgado en público "todo" su apoyo como posible candidato autonómico a Ignacio González, que según ha asegurado tiene un historial "absolutamente intachable". Mientras, otros importantes dirigentes populares, incluido Mariano Rajoy, han preferido no pronunciarse.