Ruz se da prisa y pone fecha a los informes que le quedan para cerrar 'Gürtel' antes de marzo

  • En una providencia del 19 de diciembre, Ruz pide siete nuevos informes a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado.
  • Quiere apuntalar las investigaciones de las piezas de Boadilla y Arganda, los contratos de AENA y el nuevo caso surgido en Jerez de la Frontera.
  • Todo apunta a que Ruz no solicitará ser juez de refuerzo en el juzgado 5 y dedicará febrero y marzo a terminar la pieza separada de Bárcenas.
El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional, donde interrogará a once imputados, siete de ellos empresarios, en su causa sobre el origen de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.
El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional, donde interrogará a once imputados, siete de ellos empresarios, en su causa sobre el origen de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.
Javier Lizón / EFE
El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional, donde interrogará a once imputados, siete de ellos empresarios, en su causa sobre el origen de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.

El nuevo titular que se hará cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional llegará a principios de marzo. Por eso, el actual titular de la plaza (la ocupa en comisión de servicios), el magistrado Pablo Ruz, quiere dar un fuerte impulso al principal caso que instruye: la trama Gürtel y sus piezas derivadas, la más importante de ellas los llamados 'papeles de Bárcenas'. En una providencia fechada el 19 de diciembre, el juez Ruz pide un último esfuerzo a las "unidades de auxilio judicial" que están colaborando en su investigación, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, para que en las próximas semanas le entreguen varios de los informes pendientes para apuntalar aún más el caso.

Ruz sabe que la arena del reloj cae en su contra. El Consejo General del Poder Judicial aprobó a principios de diciembre la posibilidad de que Ruz siga en la Audiencia Nacional más allá de marzo si solicita ser juez de refuerzo en el juzgado 5, pero fuentes jurídicas consultadas por 20minutos señalan que la intención de Ruz es no pedir este refuerzo y acabar la instrucción en marzo. Teme, según las mismas fuentes, "que su posición como juez de refuerzo afectara a la validez de lo que instruya una vez ocupado el juzgado por el nuevo titular". ¿Por qué? Por el precepto básico de juez natural que regula el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asegura que un juez de apoyo se debe ocupar del "trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal". Es decir, con un nuevo juez titular, Ruz en principio no podría seguir instruyendo la Gürtel.

Ruz sabía que se le agotaba el tiempo, por eso a finales de noviembre finalizó la instrucción de la primera etapa del caso, la que analiza el periodo 1999-2005. Ruz propone juzgar a 43 personas, entre ellas a tres extesoreros del PP. También deja la puerta abierta para sentar en el banquillo a Ana Mato, a la que calificó de "partícipe a título lucrativo" de los beneficios ilícitos que tuvo su exmarido Jesús Sepúlveda. En la misma condición, "partícipe a título lucrativo", mantiene al Partido Popular. Esta primera etapa está relacionada con las operaciones de la Gürtel que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como a la localidad de Estepona (Málaga).

Pero falta otra gran parte: el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (epicentro de la trama), el ayuntamiento de Arganda del Rey (donde la trama pegó uno de sus grandes pelotazos urbanísticos), los papeles de Bárcenas, la pieza separada sobre AENA (que puede implicar al exministro Álvarez Cascos), y el Ayuntamiento gaditano de Jerez de la Frontera. Por eso, en la providencia del 19 de diciembre, Ruz pide a Hacienda y a la Intervención del Estado siete informes pendientes sobre varios de estos asuntos a los que pone fechas de entrega.

El mayor pelotazo de la 'Gürtel', en Arganda

  • A la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria le pide, antes del 31 de diciembre de este año, el "informe sobre la documentación analizada vinculada a los hechos atribuidos al imputado Arturo González Panero", más conocido como el albondiguilla, exalcalde de Boadilla del Monte. Un primer informe de la ONIF, de agosto, desgranaba en 215 páginas el recorrido que ha hecho parte del dinero que Panero cobró supuestamente de los sobornos que le pagó la trama liderada por Francisco Correa. Portugal, Suiza, Holanda, EEUU y China son cinco de los países donde el dinero ha estado refugiado, en cuentas corrientes y en inversiones inmobiliarias.

  • La ONIF tiene un mes más, hasta el 31 de enero de 2015, para entregar el informe correspondiente a "la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey". En este municipio la Gürtel dio uno de sus grandes pelotazos. En noviembre de 2004, el Ayuntamiento (el exalcalde Ginéz López está imputado) adjudicó a la promotora Martinsa la parcela UE-124. Por su intermediación, Correa cobró presuntamente una comisión ilegal que supera los 12 millones de euros.

  • Antes del 28 de febrero de 2015, la ONIF tiene que entregar otro informe sobre "la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte", donde hay muchos altos cargos salpicados. Dada la complejidad de las personas implicadas y las irregularidades investigadas, Ruz ha dejado para el final en dos piezas separadas estos dos municipios: Arganda y Boadilla. A la Intervención General del Estado Ruz también solicita sendos informes sobre Boadilla y Arganda antes del 28 de febrero de 2015.

  • También antes de que acabe 2014, el juez Ruz quiere tener sobre su mesa el informe de la Intervención General del Estado "sobre la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). También existe una 'pieza jerezana'. Un informe de la UDEF de este año detalla supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el Ayuntamiento, del PP, a dos empresas de la organización de Francisco Correa. Entre los implicados la alcaldesa y también senadora María José García Pelayo. Ruz quiere ahora dar prioridad a este pieza, después de que el 15 de diciembre le fuera entregado un sobre anónimo con un dossier en soporte papel y otro en soporte digital sobre este caso.

  • El juez Ruz tampoco se olvida de otra pieza separada: el 'caso AENA'. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó el 31 de enero de 2014 un informe al magistrado que confirmaba que dos altos cargos del ministerio de Fomento en la etapa de Francisco Álvarez Cascos y un cargo del PP recibieron sobornos por parte de la trama en las adjudicaciones que la red de Francisco Correa se llevó en AENA (el gestor de los aeropuertos españoles dependientes de Fomento). Hace unos días, tres funcionarios de AENA confirmaron irregularidades en 27 contratos concedidos por AENA, por eso ahora Ruz pide a la Intervención General del Estado un nuevo "informe sobre la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con AENA". Tiene para entregarlo el 28 de febrero de 2015.

Varios frentes abiertos en el 'caso Bárcenas'

Ruz sabe también que va muy justo de tiempo en la pieza separada principal: el 'caso Bárcenas'. El juez investiga desde hace casi dos años los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas donde apuntó el ingreso de donativos (casi ocho millones de euros) y los pagos de sobresueldos a dirigentes del PP, además de otros servicios en dinero no declarado a Hacienda ni registrado en las cuentas oficiales del partido. Ruz está acumulando indicios de financiación ilegal del PP para las obras de reforma de su sede nacional y para otros pagos que afectan a sus organizaciones territoriales de Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

En esta pieza el juez también investiga si el PP de Castilla-La Mancha cobró una mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal a cambio de adjudicar el contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo a una filial de Sacyr. Un recibí manuscrito con dicha cantidad firmado por el entonces gerente del partido en esta comunidad, José Cañas, fue el primer indicio del supuesto pago de comisiones ilegales. La presencia de aforados en esta investigación puede terminar llevando esta pieza surgida de otra pieza al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

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