La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado con una amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que permitirá a estas ser oídas por el juez ante de dictar cualquier resolución, así como recurrir la libertad condicional y permisos penitenciarios de su agresores.

Con 23 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión ha sacado adelante el texto —al que no se han presentado vetos— que en líneas generales ha sido bien acogido, con la excepción del artículo que permite la participación de las víctimas en la ejecución de las penas de los condenados, ampliamente rechazado por la oposición.

Sin embargo, la senadora del PP, Silvia Franco, ha zanjado este debate al considerar que ese artículo recoge la "esencia del texto" para "garantizar una mayor protección a las víctimas, sin mermar los derechos del penado". No lo ha entendido así la socialista María Ángeles Barra, que si bien ha valorado la "trascendencia de la norma" ha reiterado la oposición de su grupo a la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia. "Es un atropello", ha dicho, una crítica que también ha hecho suya el PNV, la Entesa y el Grupo Mixto.

El texto permite a las víctimas recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de sus agresores, así como el sobreseimiento o archivo de la causa aunque no estén personadas en la misma. Y también la víctima tendrá la capacidad de ser oída antes de que el juez dicte alguna resolución, de tal forma que se dirigirá a ellas por si quieren formular alegaciones.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado un proyecto de ley que regula el derecho de imputados y acusados a la asistencia gratuita de un intérprete y que traspone dos directivas europeas sobre los derechos a la información, la interpretación y la traducción en procesos penales.