La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación penal por las cámaras de videovigilancia implantadas en la villa pejina, a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida.

Así lo informa el partido en un comunicado en el que da cuenta de la notificación del Ministerio Público anunciando la apertura de dichas diligencias sobre este "feo asunto".

El coordinador de IU en el Ayuntamiento, Alejandro Abad, confía en que la Justicia determine si ha habido vulneración de derechos fundamentales y depure posibles responsabilidades.

El edil señala que la apertura de diligencias de investigación penal se produce apenas diez días después de trasladar al fiscal superior en la Comunidad Autónoma toda la documentación recopilada sobre las once cámaras de videovigilancia instaladas en Laredo desde diciembre de 2012.

A comienzos de este mes, Abad solicitó una investigación sobre la gestión llevada a cabo por el alcalde, Ángel Vega, y el concejal Ramón Arenas en nombre del Ayuntamiento.

"La falta de una respuesta lógica y razonable por parte del gobierno nos provocaba serias dudas e inseguridad ya que estas cámaras no han sido controladas por la Policía y ninguna de ellas había sido autorizada por la Delegación del Gobierno", señala Abad, para explicar a continuación que han acudido al fiscal con un dossier con las actas de los Plenos y la documentación contable.

"Teníamos la sospecha razonable de que puedan haberse captado imágenes de forma ilegal, quizás vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes tales como el derecho la intimidad y el derecho a la propia imagen", apunta al respecto el coordinador de IU pejino, que ve "una buena noticia" que el fiscal haya decidido actuar "con celeridad".

"Confiamos en que la Justicia aclare pronto lo ocurrido para, en su caso, depurar las responsabilidades a que hubiere lugar", concluye.

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