Alfonso J. R. O. fue enviado como diácono a Brasil en 1987 por el Arzobispado de Granada, había montado una ONG en este país dedicada a traer  jóvenes a España para que estudiaran aquí y fue profesor de religión en tres institutos de Granada. Ahora ha sido condenado a diez años de cárcel y al pago de una indemnización de 40.000 euros por abusar sexualmente de dos menores.

El juez ha considerado ciertas las acusaciones de sus víctimas de las que presuntamente abusó de forma continuada. La pena, sin embargo, es sólo por los hechos cometidos sobre uno de los denunciantes, ya que en uno de los casos el delito ha prescrito. El primero de los sucesos se remonta en 1990 cuando el inculpado colaboraba en la parroquia de Huétor Tájar y animó al menor a unirse al coro. El joven, que aún no tenía 12 años, fue víctima de los abusos hasta 1995.

El afectado dice que los actos se produjeron en los campamentos o en la casa del condenado, aprovechando además la categoría de docente en un instituto de la capital. Sin embargo, al amenazarlo con contarlo cesaron. El joven no fue a la Policía por no hacer daño a sus padres, pero al conocer la existencia de una segunda víctima decidió denunciar.

El segundo caso se inició en 2002 en Brasil donde Alfonso J. R. O. era diácono y había fundado una ONG. Allí conoció a una familia que tenía un hijo con el que se regresó a Granada para que viviera con él y del que presuntamente abusó durante 9 años. La víctima ha relatado al juez que sus padres recibían "dinero y ayuda" del imputado y que los abusos siguieron cuando llegó a España en 2006. Hasta que en 2012 pidió ayuda a otro profesor del instituto al que le contó todo lo ocurrido.

El juez considera que el condenado se aprovechó de su "situación de manifiesta y notoria superioridad", así como de su imagen de "credibilidad y bondad extraordinaria" de religioso caritativo.

El diácono y misionero, por su parte, dijo que estaba sentado en el banquillo por una "reacción de rabia" que pasó a ser "venganza" del joven de Brasil. Según su parecer porque tenía que regresar a su país por su "mala conducta" y "el odio vengativo hizo que vomitara todo aquello".

La condena a este misionero se produce tras el caso abierto en Granada por los presuntos abusos sexuales a menores por los sacerdotes apodados el clan de los romanones. En este caso tres curas y un profesor de religión fueron detenidos.