Un año después de que se destapara la estafa de Forum y Afinsa, la Fiscalía considera que el déficit patrimonial será mucho mayor que los 4.700 millones por ahora detectados y, por ello, centra sus esfuerzos en "repatriar" fondos que los imputados desviaron al exterior y recopilar más pruebas contra ellos.

Además de no descartar que se produzcan más imputaciones, Anticorrupción espera que el resultado de nueve comisiones rogatorias a países de América y Europa avance nuevas líneas de investigación sobre el destino de los 5.500 millones de euros que los administradores de las sociedades filatélicas captaron de 460.000 clientes.

A los doce meses de la intervención judicial, con más de 70.000 folios en el sumario y cientos de miles de páginas de información "clonada" en los registros a las sociedades, fuentes de la investigación aseguran que hay suficientes pruebas para fijar una acusación por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

En ambas empresas, según estas fuentes, se repite una operativa compleja con proveedores e intermediarios financieros que, entre otros fines, busca el desvío de fondos fuera del control de la administración, después de captar masivamente pasivo de los ahorradores a través de un "engaño" y una "estafa piramidal".

El mayor fraude de España

Esta crisis filatélica, investigada por los Juzgados Centrales de Instrucción número 1 y 5 de la Audiencia Nacional, va camino de convertirse en el mayor fraude económico en España por el número de afectados.

Los últimos informes que los administradores concursales han presentado en los juzgados mercantiles indican que el valor de los sellos no llegaría ni para devolver el 15 por ciento de lo invertido por los clientes, mientras que los activos totales no alcanzarían ni el 25 por ciento de las deudas a las que habrían de hacer frente las empresas.

Doce meses de pesquisas

Hasta ahora, hay treinta imputados en ambos casos, que formaban parte del consejo de administración, las direcciones generales y las auditoras, aunque fuentes de la investigación no descartan nuevas imputaciones de otros ejecutivos de sociedades que intervinieron en diferentes operaciones, así como de proveedores, sociedades interpuestas o testaferros.

La investigación más avanzada es la pieza que relaciona a Fórum Filatélico con la operación antiblanqueo de Ballena Blanca, en la que ya están imputados el abogado Domingo Cuadra y el empresario José Manuel Carlos Llorca, relacionado también con la operación "Malaya" y buscado por las policías británica, alemana, suiza, francesa, holandesa, belga y luxemburguesa.

Precisamente, Anticorrupción rastrea los delitos que pudiera haber en varios "flujos financieros" de Fórum Filatélico con otras sociedades a través de comisiones rogatorias ordenadas por la Audiencia Nacional a instituciones judiciales en Reino Unido, Holanda, Alemania, Portugal, Andorra, Italia, Francia, Suiza y Luxemburgo.

Hacia el exterior

En el exterior, se busca saber a quién compraban los sellos los proveedores de Fórum Filatélico, alguno de ellos con "antecedentes dudosos" por impagos a aduanas o sanciones administrativas y, también, saber a dónde fueron a parar los fondos utilizados para comprar terrenos y construcciones inmobiliarias, que, al poco tiempo, sufrían "fuertes revalorizaciones".

Tampoco escapa a las comisiones rogatorias el caso Afinsa, ya que una de ellas, la enviada a Estados Unidos, ya ha llegado a la Audiencia Nacional y permitirá a Anticorrupción afinar sus pesquisas respecto a la filial de la filatélica Escala Group, a la que ha abierto expediente el regulador estadounidense SEC ("Securities and Exchange Comission").

Sobre Escala Group, participada al 67 por ciento por Afinsa, pesan diez demandas diferentes en varios juzgados de Estados Unidos, que podrían poner en dificultades el futuro de esta compañía, a pesar de los mensajes de tranquilidad del ex presidente Juan Antonio Cano Cuevas.

Tanto Cano Cuevas como el ex presidente de Fórum Filatélico se defienden de todas las imputaciones de la Fiscalía y aseguran que, en este año de pesquisas, no hay pruebas para esta intervención, pues las dos compañías cumplían con la legislación vigente de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).

Según la valoración de los administradores concursales, los 172 millones de sellos de Fórum y Afinsa valdrían unos 500 millones de euros, aunque, la valoración de los peritos recabada por la Audiencia Nacional puede hacer bajar su valor a menos de un 9 por ciento de lo fijado por los contratos.

Además del dinero perdido, ya no queda ninguna estructura laboral en las dos empresas puesto que se hicieron sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por un montante superior a los 14,29 millones de euros, que afectaron a más de 600 empleados, casi la totalidad de sus plantillas.