El Ministerio de Hacienda trabaja en reformar los impuestos del tabaco con el eventual cambio del sistema actual de doble mínimo, un tipo impositivo que se incrementa cuando el precio está por debajo de un límite predeterminado, para adaptarlos a la nueva directiva europea y evitar una guerra de precios como ya ha ocurrido en Italia, según han informado en fuentes del sector.

En concreto, la posibilidad que barajan los técnicos del departamento presidido por Cristobal Montoro es reemplazar el actual sistema de doble mínimo por el sistema alemán con el objetivo de tener una estructura fiscal menos vinculada al precio, lo que no supondría una subida de impuestos, sino un cambio obligado por la directiva comunitaria donde el precio se convertirá en el único factor diferencial.

El sistema alemán de impuesto total, según han explicado las mismas fuentes, es una "muy buena alternativa", pero su bondad depende del umbral de aplicación. Así, una horquilla de entre el 100% y el 99% del precio medio ponderado replicaría "muy bien" el sistema actual y constituiría una opción "aceptable y neutral", ya que ninguna marca podría bajar su precio de 3,91 euros.

Las mismas fuentes consideran necesarias alternativas fiscales, que podrían materializarse antes de que termine el año, para optimizar la futura recaudación de los productos del tabaco, a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del pasado 9 de octubre.

Dicha sentencia ha considerado contrario a la directiva el impuesto especial mínimo establecido en Italia únicamente para los cigarrillos con un precio de venta inferior al de los de la categoría de producto más demandada.

El Tribunal entiende que "el establecimiento de umbrales mínimos de imposición diferentes, según las características o el precio de los cigarrillos, ocasionaría distorsiones de competencia entre los diferentes cigarrillos y sería, por tanto, contrario al objetivo de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior".

Esta decisión vincula a todos los Estados miembros y, por ende, a España cuyo sistema de doble mínimo impone diferente cuantía del impuesto en función del precio.