La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.

Fuentes de esta institución han confirmado la aprobación del dictamen, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de este viernes.

El máximo órgano consultivo del Gobierno remitirá este jueves al Ejecutivo el dictamen aprobado por la Comisión Permanente, que preside José Manuel Romay Beccaría, y que es preceptivo pero no vinculante para acudir al Tribunal Constitucional.

En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros podría autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Tribunal Constitucional la llamada "consulta alternativa" que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña.

El Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado que informara con carácter de urgencia sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat "relativas a la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre, mediante un denominado proceso de participación ciudadana".

Entre esas actuaciones figura la pregunta -¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?- que aparece en la página web del "proceso de participación ciudadana" de la Generalitat, o las instrucciones dadas a los funcionarios catalanes.

El dictamen ha sido redactado por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, encargada también del informe sobre los recursos que el Ejecutivo presentó contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9N, firmado por el presidente catalán, Artur Mas.

El dictamen favorable a la impugnación se basa en el hecho de que se repita la misma pregunta que ya había sido supendida por el Tribunal Constitucional. Así como en la participación de funcionarios de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.

Tanto la ley como el decreto fueron suspendidos, de forma cautelar y por unanimidad, en el pleno del Tribunal Constitucional celebrado el pasado 29 de septiembre.

Artur Mas ha insistido este jueves que la consulta "sigue adelante" en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Parlament de Catalunya. Y se ha preguntado si el Gobierno de Rajoy también va a impugnar a los 40.000 voluntarios dispuestos a participar en la consulta.

El presidente del Gobierno se ha referido, a preguntas de los periodistas, al dictamen aprobado por el Consejo de Estado respecto a la consulta. Ha vuelto a remarcar nuevamente que el proceso "no cumple las garantías democráticas" al no contar ni "con censo, ni ley que lo ampare, ni organismos que velen por su neutralidad ni con miembros de mesas electorales conocidos", ha afirmado Rajoy.

En una rueda de prensa conjunta con la presidenta de Chile, Michele Bachelet, el presidente del Gobierno español ha recordado que la nueva consulta del 9-N plantea una cuestión "que vuelve a ser competencia de todos los españoles" y que, por ello, "tomaremos la decisión que convenga al interés general y que garantice el cumplimiento de la ley".

En cuanto a las actuaciones del Ejecutivo tras la reunión de este viernes del Consejo de Ministros, Rajoy ha afirmado que tras recurrir la decisión al Constitucional el Gobierno "esperará que la reacción (de la Generalitat) sea de acatamiento".