La jueza Mercedes Alaya ha preguntado al testigo clave en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes, si el PSOE-A se financiaba con los fondos que la Junta de Andalucía transfería para las acciones formativas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de carácter público.

Durante su sexta jornada de declaración, el testigo ha dicho que no puede contestar directamente porque le asaltan "numerosas dudas que no tienen respuesta", como por ejemplo por qué esta fundación estaba integrada por personas que han desempeñado determinados cargos en el PSOE y sus familiares directos o dónde han ido a parar los "abundantes" fondos que percibía. Y ha destacado que se trataba de una fundación que "acogía" a antiguos cargos socialistas, concejales, alcaldes o familiares directos de estos que, actualmente, trabajan en la Administración.

Montes ha considerado "interesante" analizar las nóminas que todos ellos cobraban y han cobrado estando integrados en el SAE y ha asegurado que, en la actualidad, cobran hasta tres y cuatro veces más que él.

Además, Alaya le ha preguntado si le consta la existencia de alguna otra fundación, como la Faffe, "afín" al PSOE, a lo que ha respondido afirmativamente, precisando que la lista sería "larga" y que no sólo ha habido fundaciones sino también entidades privadas, como la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) o Emartv, entidad que "nace de la nada" y que desarrolla la radiofonía y la televisión local en distintos municipios a la vez que participa de los cursos de formación.

Tras destacar que estas dos entidades han tenido una "larga" asignación de cursos de formación a lo largo de los años, Montes ha opinado que, a través de la formación, se "domina" a la sociedad andaluza, por ejemplo, en los medios de comunicación, el sector de la mujer y de los discapacitados y sus familias, la tercera edad y "no digamos" la Faffe, que "constituyó una administración paralela y es un medio para aleccionar y adoctrinar, además de para dirigir la sociedad, teniendo en cuenta que la formación es un medio para la obtención de recursos generosos para financiar lo imposible".

Y es que, a su juicio, hay cursos que se pagan pero que no se hacen, por lo que el testigo se ha preguntado por el destino de esos fondos y ha recordado que, cuanto estuvo trabajando en el departamento de Inmigración, se adjudicaban "miles" de cursos que "nadie" controlaba, por lo que desconoce dónde iban esos fondos que supuestamente tenían como fin formar a las personas inmigrantes.

En esta línea, el testigo ha recordado que cuando trabajó en Inmigración, se produjo la primera huelga general al gobierno de José María Aznar (PP), y ha aseverado que los autobuses de los sindicatos andaluces fletados para acudir a Madrid "se pagaron con dinero de los proyectos" de inmigración, en los que una parte era para formación, tal y como, según ha dicho, consta en las justificaciones pertinentes de los propios sindicatos.

Durante el interrogatorio, la instructora ha preguntado al testigo con qué fondos se financiaba la Faffe y el mismo ha respondido que, en mayo de 2011, le fue adjudicada una subvención para acción formativa por 16 millones de euros cuando la fundación ya se había extinguido (ocurrió el 5 de mayo de 2011), condenando tras ello el TSJA al SAE, agencia que se subrogó, a devolver los 16 millones.

La jueza ha planteado si esto no es una situación "absurda" y "poco creíble" que la Administración se devuelva a sí misma 16 millones, respondiendo el testigo que sí, y que también ve absurdo que se haya adjudicado una subvención para una acción formativa a una entidad que ya no existía.

En la jornada de este lunes también ha intervenido el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, único imputado en la causa junto al también exconsejero Ángel Ojeda, quien ha cuestionado a Montes sobre el número de veces que ha interpuesto denuncias policiales o judiciales por las irregularidades vinculadas a los cursos de formación.

Montes ha respondido que ha interpuesto dos denuncias judiciales, una por mobbing y otra contra su jefe de servicio, Daniel Fito, por la "requisa" de los expedientes vinculados a la Faffe, una denuncia ésta última que fue archivada. Y ha asegurado que interpuso las denuncias por razón de su condición de funcionario y su responsabilidad, pero no por animadversión o venganza.

Ha asegurado, asimismo, que antes del procedimiento por mobbing también conoció hechos susceptibles de ser denunciados, pero que no los denunció porque no tenía fuerzas "para asumir ese desafío".

El letrado del exconsejero de Empleo le ha cuestionado también sobre el hecho de que haya asegurado que, en su departamento, es notoria la existencia de un trato de favor a determinadas entidades singulares, y le ha instado a enumerar los nombres de las personas de su departamento que puedan ser citadas para refrendar esa supuesta notoriedad. Pero la magistrada ha declarado la pregunta impertinente y ha puesto de manifiesto que "el testigo no tiene que demostrar nada", ya que eso forma parte de la investigación policial y judicial, "donde se respetará como siempre se ha hecho el principio de contradicción".

El abogado del exalto cargo también ha preguntado a Montes si es posible que todos los funcionarios y altos cargos responsables del proceso de concesión de las acciones formativas estén involucrados en ese supuesto trato de favor a ciertas entidades singulares, a lo que el testigo ha respondido que la respuesta no está en el funcionario o técnico sino en las órdenes que reciben de los superiores.

Por otra parte,  el PSOE andaluz ha indicado que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra Alaya por "intentar vincular sin fundamento alguno" el caso de los cursos de formación con una presunta financiación del partido.