La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para que le informe, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002.

En un auto, la jueza solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la actuación de la Intervención General de la Junta en los cursos de formación.

La jueza pide indagar en las funciones que tuvo intervención en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitivamediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones de formación.

Además, cita para el 9 de octubre al que fuera responsable del departamento de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, para que se ratifique en su declaración judicial.