¿El 9-N habrá consulta? ¿Será ilegal? ¿Por qué? ¿Qué hará entonces el Gobierno catalán? ¿Se celebrarán elecciones anticipadas? ¿Se llegará a una declaración unilateral de independencia y/o a una suspensión de la autonomía? A raíz del previsible recurso del Gobierno central a la Ley de Consultas catalana, se abren un sinfín de interrogantes sobre el futuro político inmediato en Cataluña.

A partir de la aprobación de la Ley de Consultas, que fue refrendada por el Parlament el 19 de septiembre, se abrió un periodo de siete semanas hasta la fecha fijada para la consulta de autodeterminación catalana.

La Ley de Consultas Populares no Refrendrarias otorga a la Generalitat la capacidad de convocar consultas, aunque no serán vinculantes. Ha sido este sábado 27 de septiembre cuando se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC, el equivalente al BOE) y ha entrado en vigor dicha ley. A partir de este momento, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha convocado la consulta del 9-N de forma oficial, firmando en un acto solemne el decreto de convocatoria.

La convocatoria es, pues, legal, porque se ampara en un texto ya aprobado por la Cámara autonómica. Ahora bien, el Gobierno central ha anunciado ya que recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional. Como paso previo, el Consejo de Estado se reunió este domingo para emitir un dictamen sobre la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N. En base a su informe, el Gobierno podrá presentar el lunes su recurso al TC.

El recurso se oficializaría, entonces, en la reunión extraordinaria del consejo de ministros, que se celebrará el lunes. Se ha convocado tras el viaje oficial del presidente Rajoy a China, ya que sólo el presidente del Gobierno puede impugnar una ley.

Previsiblemente, el TC recibirá el recurso este lunes, de forma que la sección pertinente del Alto Tribunal deberá examinarlo, informar y verificar que reúne todas las formalidades. Si, como ya se augura, el Gobierno del PP invoca el artículo 161.2 de la Constitución, la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N quedarían suspendidas de forma automática.

La raíz del problema, según concreta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, se centra en el uso de los datos del censo que prevé la Ley de Consultas. Este es uno de los puntos que, muy presumiblemente, decantarán al TC para tumbar determinados artículos de la ley catalana.

De todas formas, Arbós insiste que hay que tener en cuenta que "la suspensión (de la Ley de Consultas y de la consulta) se producirá con independencia de lo que dice la ley sobre si es constitucional o no". Respecto a cuando se pronunciará el TC sobre dicha ley, es imposible saber cuánto tardaría en debatir su articulado y el recurso del Gobierno central. De hecho, existen los precedentes del Estatut, cuando tardó tres años en pronunciarse, o de la declaración de soberanía del Parlament, que llegó al cabo de un año.

Pero si, pese a la suspensión del TC de la Ley de Consultas, la Generalitat persiste y convoca un referéndum amparándose en la legalidad catalana, "sería una consulta ilegal" según el régimen jurídico español, apunta Arbós. "No tiene sentido hablar de una legalidad catalana como si Cataluña ya fuera un país independiente", concluye.

Las dudas surgen alrededor del rigor de una consulta convocada bajo estas circunstancias. Mientras Artur Mas se ha referido ya a que la consulta debe celebrarse "con todas las garantías democráticas", ERC insiste en que deberían sacarse las urnas el 9 de noviembre, pase lo que pase.

En caso de que ganara el 'Sí' en esta consulta, hay quien ya pone en duda la legitimidad de dichos resultados, sobre todo de cara a la comunidad internacional. Es por este motivo que todo apunta a unas elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Se habla de elecciones plebiscitarias, ya que los partidos estarían llamados a pronunciarse abiertamente en su programa sobre la independencia de Cataluña.

En caso de que ganara una formación independentista, hecho más que probable vistas las encuestas que dan una clara victoria al partido liderado por Oriol Junqueras, se abriría un nuevo escenario que contemplaría, también, la declaración unilateral de independencia, algo que ERC nunca ha descartado.

Y, de nuevo en el terreno de la política-ficción, surgen más dudas: mientras hay quien pronostica que el Gobierno central suspendería la autonomía de Cataluña, hay quien matiza que la intervención de la maquinaria del Estado podría ser más suave. Las autoridades españolas darían instrucciones al president de la Generalitat y, en caso de que no las cumpliera, se aplicaría el Código Penal por desobediencia. Determinadas competencias como Interior o Educación podrían pasar a manos del Gobierno central, de forma que los consellers recibirían órdenes directas del Estado y no del president de la Generalitat.

¿Qué papel jugará el Ejército? "La decisión de sacar los tanques a la calle sería desmesurada y tendría un coste político" para España, resume el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. No obstante, Arbós recuerda que el Ejército está sometido a la autoridad del Gobierno.

Pero dicha suspensión de autonomía podría venir antes, a tenor de las amenazas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que  advirtió que el Gobierno estaría dispuesto a suspenderla para impedir la consulta.