El pasado 18 de febrero de 2013 un grupo de bomberos acudió, como tantas otras veces, a derribar la puerta de un piso que iba a ser desalojado. Como tantas veces, varios cientos de personas se concentraban en el entorno de la vivienda para tratar de impedirlo y, como casi siempre, se vivieron momentos de tensión entre activistas y agentes de la Policía. Lo que fue distinto en aquella ocasión es que el responsable del contingente de bomberos, el cabo Roberto Rivas, se negó a acatar unas órdenes que dejarían en la calle a una anciana de 85. Aurelia Rey, finalmente, pudo conservar su casa y días después llegó a un acuerdo con los dueños.

El acto de desobediencia civil protagonizado por este bombero coruñés —en el que hacía suyas las reivindicaciones de los colectivos contra los desahucios— no le salió gratis, ya que fue sancionado con una multa de 600 euros, acusado de "alteración del orden público". Pronto se vio, sin embargo, rodeado de muestras de apoyo y solidaridad, tanto por parte de otros colectivos de bomberos como por parte de la ciudadanía y plataformas antidesahucios.

Este jueves, cerca de un año y medio después, Roberto Rivas ha acudido a un juzgado coruñés para recurrir la sanción por desórdenes públicos. En su defensa explica que no fue un acto premeditado, pero sí que quería "visualizar que los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios. Quise hacerlo de manera convincente, por eso escogí el papel de Stop Desahucios", ha explicado.

Rivas lo tiene claro y asegura que si pudiera volvería a hacerlo. "Todos los bomberos no deben hacer esto pues su función ha de ser otra", ha reivindicado mientras recibía el apoyo de decenas de personas, entre las que se contaban activistas antidesahucios y representantes políticos del PSdeG-PSOE, Alternativa Galega y BNG.

Tal como ha denunciado públicamente, "los atestados de la policía están mintiendo. Una cosa fueron los hechos y otra muy diferente por lo que se me está juzgando". Además, ha apuntado a otras irregularidades durante los trámites de su sanción, ya que "ha quedado bastante claro que no saben cómo me identificaron, ya que aquel día nadie me pidió el DNI", ha asegurado.

En su opinión, y a la vista de estas presuntas manipulaciones, Roberto Rivas acusa a las autoridades de llevar a cabo con él "una represión. El día que haya una ley que obligue a hacer este trabajo nos negaremos. Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Hay leyes que incitan a la violencia. Es terrorismo instaurado por los gobiernos", ha apuntado.

Lo que hizo en aquel momento fue negarse a cortar la cadena y levantar una pegatina de Stop Desahucios, algo por lo que "el Ayuntamiento nunca abrió un expediente" y considera que "son ridículos" los hechos que se le imputan.