Podemos y Guanyem Barcelona han presentado en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos tras la confesión de que tuvieron una fortuna sin declarar durante 34 años en el extranjero. Les acusan, entre otros delitos, de tráfico de influencias, blanqueo de capital, cohecho, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. También va dirigida contra empresarios "cercanos al entramado familiar".

La querella —redactada por los servicios jurídicos de Podemos y Guanyem Barcelona y a la que ya se han adherido ICV-EUiA, Partido X, Procés Constituent y  la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la CUP podría hacerlo— pide que se "esclarezcan los hechos y que los ciudadanos puedan conocer los entramados de corrupción que tienen dramáticos efectos sobre los recursos públicos y la democracia".

Consideran que la confesión del expresidente es una "coartada precipitada" y ven detrás del caso un entramado político y empresarial de presunta corrupción. Así lo ha explicado en una rueda de prensa conjunta el portavoz de Guanyem Barcelona, el abogado Jaume Asens, quien ha detallado que la querella también se dirige contra empresarios como Jordi Puig i Godes —hermano del conseller Felip Puig— y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del exmandatario catalán.

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien se querelló contra Pujol por el caso Banca Catalana en los años 80, ha asegurado durante la presentación de la querella, que "no hay precendentes de que un delincuente haya gobernado un país durante tantos años... sin el presunto, porque ha confesado".

Además, hay "indicios suficientes" de que el caso no habría sido posible sin la complicidad de CiU, PP y PSOE, en opinión de la también portavoz de Guanyem Ada Colau. "No es un caso personal y familiar, sino de responsabilidades posiblemente penales y seguramente políticas de todo un clan", según Colau, que lo enmarca dentro del sistema de corrupción estructural que en su opinión se ha forjado en España desde la Transición. En la misma línea, Asens ha afirmado que el caso Pujol no es un episodio "aislado y un asunto de carácter privado y familiar", porque el expresidente ha ejercido en las últimas décadas un liderazgo político y moral en Cataluña.

Como prueba de que su confesión de finales de julio es una "simple y burda coartada mal preparada", ha destacado que la hermana del expresidente no sabía que el origen del dinero sin regularizar fuese una herencia. También ha apreciado que la familia se repartía los papeles de tal modo que tres de los hijos se dedicaban a los negocios —Jordi, Oleguer y Pere— mientras a la política se dedicaban el padre y otro hijo, Oriol. Hay más de 50 empresas vinculadas a la familia Pujol-Ferrusola.

"Este entramado no se entiende sin el apoyo implícito del partido o de una parte del partido. No nos creemos que nadie más lo supiese", ha agregado el letrado, seguro de que CDC estaba al caso de la situación. En cualquier caso, "la ciudadanía tiene derecho a saberlo todo. Estamos hablando de recursos públicos y de instituciones secuestradas por intereses particulares", ha dicho la exportavoz de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH).

Podemos y Guanyem son los últimos, hasta ahora, en querellarse contra Pujol. Plataforma por Cataluña (Px) lo hizo el lunes y la semana pasada lo hizo el sindicato Manos Limpias, a cuya personación en la causa no se ha opuesto la Fiscalía —el abogado Cristóbal Martell la recurrió ante el juez—. "No queremos dejar que una organización de extrema derecha sea quien marque el ritmo", ha apuntado Asens. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que el Gobierno también se personará en todas las causas abiertas contra el expresidente de la Generalitat a través de la Abogacía del Estado.

Para el exfiscal anticorrupción ha asegurado que la querella conjunta "contra el caso Pujol y todos sus encubridores ya ha sido un triunfo histórico", y ha lamentado la pasividad, tibieza y abandono de sus funciones por parte del Ministerio Fiscal. Considera que los Pujol han actuado con "favoritismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias" y que, gracias a iniciativas ciudadanas como esta, se va a lograr dar un vuelco y acabar con estos abusos.