El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha revelado este martes que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol "no presentó declaración tributaria especial" en 2012, cuando hubo la última amnistía fiscal, aunque ha recordado que de haberlo hecho, esta no le eximiría de ninguna responsabilidad en caso de delito. Por eso, ha asegurado que su departamento llegará "hasta el final" en la investigación del fraude fiscal cometido por y que, aunque haya pedido perdón, no habrá "borrón y cuenta nueva".

Montoro, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para hablar de fraude fiscal, ha manifestado que su departamento perseguirá este fraude en la vía administrativa y judicial, pues no se puede descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. De hecho, ha agregado que, a través de la Abogacía del Estado, el Gobierno se personará en los distintos procedimientos abiertos.

En su opinión, el de la familia Pujol es uno de los casos "más graves" de fraude fiscal en términos cualitativos y ha causado "alarma social", motivo suficiente para que él dé explicaciones parlamentarias. En este sentido, ha aclarado que el expresidente catalán renunció a la confidencialidad con la que le ampara la ley al hacer pública él mismo su situación tributaria, como ocurrió en su día con el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Pero ha garantizado a los ciudadanos que este tipo de casos no se cierran con un comunicado público y ha advertido: "si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno". "No importa cuán grande haya sido su poder anterior", ha apostillado.

Montoro ha prometido llegar hasta el final en todos los frentes posibles y ha subrayado la importancia de dar una respuesta "sólida, contundente, sin margen para la duda". Es obligación del Gobierno no hacer la "vista gorda" mientras millones de españoles honrados financian los servicios con sus impuestos, ha añadido el ministro, quien ha asegurado que no todos los políticos son iguales.

"Un estado democrático no puede admitir un simple mea culpa de quien admite, sin rubor, que lleva más de 30 años ocultando patrimonio millonario", ha afirmado antes de recordar que "el fraude no se expía con una carta novelada de disculpas".

El ministro ha asegurado que entre los años 2000 y 2002 se desarrolló una operación en la que se investigaron varias empresas vinculadas a la familia Pujol, una de ellas cotizaba en el Ibex-35. Además, hace dos años, se enviaron varios requerimientos a países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Argentina, México, Luxemburgo y Holanda, así como a Andorra. La Agencia Tributaria también ha participado en la investigación del 'caso de las ITV', en el que está imputado el exdiputado Oriol Pujol.

Por eso, entiende que "si no se hubiera visto obligado, nunca hubiera admitido que ocultaba un patrimonio millonario". "Está reaccionando porque se ha visto acorralado", ha agregado el ministro, quien ha reprochado al expresidente catalán que haya alegado un "error", el no declarar una herencia, antes de "arremeter contra la banca andorrana por mostrar sus vergüenzas".

Además, ha reprochado a Pujol que en los últimos tiempos "sorprendentemente" se haya reconvertido en "adalid del independentismo" a la par que se investigaba su fortuna familiar, y cree que "no deja de ser significativo" que el "escenario fiscal" tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos de quienes lanzan "pulsos al Estado".

Una interpretación que no ha sido bien acogida por los diputados nacionalistas catalanes, que han pedido al titular de Hacienda más cautela en sus declaraciones. El portavoz adjunto de CiU en el Congreso Pere Macías ha pedido al ministro que no utilice el caso Pujol contra la consulta soberanista del 9 de noviembre y ha comparado el "tono" de Montoro con el que empleó, "nada contundente", para informar sobre el caso Bárcenas en el Congreso.

Desde el PSOE, el diputado Pedro Saura ha criticado también la actuación del ministro, al que ha acusado de haber creado "una pasarela" para los grandes defraudadores con la amnistía fiscal, a la que se ha referido como "la vergüenza política del siglo". Saura, igual que el parlamentario de ICV Joan Coscubiela, ha emplazado al ministro a crear una comisión de investigación sobre la reforma fiscal y ha pedido que se deje a los técnicos de Hacienda indagar el origen del dinero regularizado.

En la misma línea, la diputada de ERC Teresa Jordá ha subrayado que Pujol debe pagar, pero también debe hacerlo el resto de defraudadores, y ha planteado que en el caso del expresidente catalán lo hará no por defraudador, "sino por catalanista", mientras que Pedro Azpiazu del PNV ha considerado que las palabras de Montoro no "aportan nada" en aras del rigor.

Joan Coscubiela ha ido más allá en su crítica y ha señalado que, si hubiera un "récord mundial de cinismo", Montoro lo habría batido este martes, mientras el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha cuestionado que el titular de Hacienda no utilizara durante su comparecencia para hablar de Bárcenas el "nivel de elocuencia" ni "el tono regenerador" que ha esgrimido.

Tras escuchar a los grupos parlamentarios, Montoro ha respondido con un nuevo reproche, ya que cree que no es pertinente la "tibia" respuesta que han tenido ante un caso de semejante gravedad partidos como el PSOE o CiU. En cualquier caso, ha reconocido que le gustaría que existieran menos "cortapisas legales" para poder facilitar más detalles de ciertas informaciones tributarias y ha sugerido que el Parlament cree una comisión de investigación, a la que la Agencia Tributaria tendría la obligación de remitir todas las informaciones de las que dispone cuando le fueran solicitadas.

El secretario general de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, duda que el ministro pueda ampliar la información porque podría arriesgarse a una querella por las personas afectadas. "No puede dar ninguna información porque esos datos tienen un carácter reservado y ni siquiera él tendría que tener acceso", según ha explicado en una entrevista en COPE.

A su juicio, Montoro "no debería de dar información nueva que conociera por el curso de las investigaciones que se pudieran estar realizando en estos momentos". Así, ha criticado que a GESTHA no le parece "muy adecuado que un político tenga acceso a una información que debería estar dentro de una esfera que se conoce constitucionalmente como la esfera del derecho a la intimidad".

En este sentido, ha criticado que hay multitud de casos en los cuales el ministro ha alardeado en la tribuna de los diputados de un conocimiento preciso de las deudas tributarias que tenían algunas cabeceras de medios de comunicación, formaciones políticas, algún diputado, periodistas o actores que residen en el extranjero.

"Es una situación que a nosotros nos ha llamado mucho la atención", ha advertido e indica que el artículo 95 de la Ley Tributaria establece que hacer pública dicha información supone una "infracción disciplinaria muy grave".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha estimado que unas 2.000 personas y empresas podrían aparecer en la lista de morosos que el Gobierno se comprometió a publicar. Confía en que este elemento "empuje" a muchos a cumplir con sus obligaciones fiscales para evitar "el descrédito y el reproche social" que supondría aparecer en un listado como éste.

En cualquier caso, el ministro ha pedido el "respaldo" de los grupos políticos a la reforma tributaria a su paso por el Parlamento, porque todas las propuestas que pretendan ganar eficacia deben ser "dignas de consideración", porque la lucha contra los defraudadores "es sin duda una tarea de Estado" que concierte a todos los grupos.

Hacienda incluirá en el registro público a aquellos contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el millón de euros, siempre que éstas no se encuentren aplazadas o suspendidas y haya transcurrido un año desde la finalización del plazo de ingreso.

Por otro lado, ha informado de que las medidas contra el fraude fiscal lograron recaudar 5.508 millones de euros en el primer semestre del año, el mejor dato de un primer semestre en la historia. Durante su intervención, Montoro también ha avanzado que el incremento del IVA en estos primeros meses del año demuestra que está aflorando dinero procedente de la economía sumergida y ha valorado la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo ya que "nunca hubo tanta información en los ordenadores de la Agencia Tributaria".