El flotador verde, el símbolo de la 'Obra Social de la PAH', ha rescatado en dos años y medio a más de 1.200 desahuciados mediante la 'okupación' de edificios propiedad de los bancos. Desde que en diciembre de 2011 la PAH okupara dos bloques de viviendas vacíos en Tarrasa (Barcelona), el ejemplo ha cundido por toda la geografía española y superan la veintena los edificios tomados para el realojo colectivo de familias sin hogar.

"Todo empezó porque hubo desahucios que no pudimos detener. Algunos juzgados empezaron a ordenar lanzamientos con fecha abierta para evitar que nos organizáramos. Eran muchos desahucios a diario. Había demasiada tensión. Recuperar los edificios vacíos para los desahuciados fue la respuesta a una necesidad", explica Guillem Domingo, portavoz de la PAH en Tarrasa (Barcelona).

Por la vía de la okupación de inmuebles enteros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 15-M y las "corralas" andaluzas han buscado una solución de vivienda para cerca de 500 familias. En el mismo periodo de tiempo, la treintena de bancos que forma el fondo social de viviendas tan solo ha adjudicado 927 alquileres económicos de los 6.000 que tienen para la gente con dificultades.

Domingo recuerda que la primera familia realojada en un "edificio recuperado", como los llaman ellos, tenía un menor a su cargo. Se vieron en la calle, literalmente, por una deuda hipotecaria tras una dación en pago. Sin alternativa, su opción fue entrar en una vivienda vacía en un bloque en desuso propiedad del BBVA en Tarrasa. La plataforma tenía más familias que necesitaban un techo y allí se metieron. "Lo mantuvimos en secreto. Pero un poco después, tras una manifestación por el derecho a la vivienda, recuperamos otro edificio de 11 pisos de Catalunya Caixa y entraron más familias", explica Domingo. Ese fue el germen de los realojos colectivos de familias desahuciadas. Y el inicio de un movimiento de okupación un tanto diferente, más ligado a la necesidad y el derecho a la vivienda que a la protesta. Una revuelta que comienza a generar curiosidad incluso entre los movimientos sociales de los países del entorno.

La acción puntual de Tarrasa ligada a la "autodefensa del derecho a la vivienda", describe Guillem Domingo, se convirtió enseguida en una campaña de la PAH, como fueran "Stop Desahucios" o los "escraches". Esta vez bajo el irónico nombre de "Obra Social de la PAH".  "Trabajamos con necesidades reales, no con humo, por eso la idea de meter a los desahuciados en pisos vacíos se extiende por toda Cataluña. Se recuperan edificios en Sabadell, Cerdanyola, Manresa o Barcelona y, a partir de ahí, salta a otros lugares del Estado", resume Domingo. En otras Comunidades Autónomas, la campaña será compartida con el Movimiento 15-M, a través de las asambleas de barrios.

Como norma, la PAH escoge edificios propiedad de los bancos. "Esto no es por capricho, sino porque los desahucios son un problema generado por las propias entidades bancarias", defiende el portavoz en Tarrasa de la PAH.

En Cataluña ha habido quince bloques okupados por la PAH. Algunos como los de Salt (ya desalojado) o Sabadell (con amenaza) albergaron a más de 140 vecinos cada uno. En el de Sabadell incluso han nacido varios bebés. Hoy siguen habitados solo siete. En Madrid hay nueve bloques okupados en total, seis de ellos en el centro y en Vallecas, donde se dan cita las Plataformas de Afectados por la Hipoteca más activas.

También hay bloques okupados para el realojo de familias desahuciadas en la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Castilla La Mancha. La PAH no tiene todavía el recuento exacto y actualizado de inmuebles "recuperados" a nivel estatal. Se han propuesto acometer esa tarea este verano, pero sus portavoces calculan que se ha superado ya la veintena. Eso contando con la "campaña hermana" de Andalucía y sus "corralas". Algunas tan famosas como Utopía, cuyo desalojo la pasada primavera puso contra las cuerdas al Gobierno andaluz. O las de la Dignidad, en Sanlucar de Barrameda, donde a principios de julio medio centenar de familias okuparon otros tantos apartamentos turísticos abandonados por una promotora.

La PAH persigue (con la okupación pública y notoria de pisos vacíos) un doble objetivo: conseguir solución habitacional para las familias por medio de la negociación de alquileres sociales y denunciar la "emergencia nacional habitacional en el Estado", donde se producen, dicen, "unos 184 desahucios diarios". Arrojar luz sobre la situación de las familias que se ven en la calle a pesar de que "hay 3,5 millones de viviendas vacías, 800.000 de ellas en manos de las entidades financieras, muchas en poder de bancos que a su vez han sido rescatados por todos los ciudadanos", denuncian.

Las familias a las que asiste la PAH deben haber agotado todas las vías legales para solucionar su problema de vivienda. "Es básico que se haya pedido con anterioridad cobertura al Ayuntamiento, que estén en la lista de espera de las VPO, solo entonces se activa la Obra Social. Tienen que ser familias en situación de desamparo, con infraviviendas o en la calle, y en busca de alternativas. Pero no dejan de ser familias normales", explican. Haber agotado la vía administrativa es el mejor salvoconducto para la negociación de un alquiler social con las entidades financieras propietarias de los edificios okupados. Para Guillem Domingo, lo que está ocurriendo es que ahora "los movimientos sociales protegen derechos que deberían garantizar las administraciones".

La okupación de inmuebles es un delito desde 1995. El código penal lo denomina "usurpación" y lleva aparejadas penas días/multa de entre tres y seis meses. Sin embargo, los jueces no imponen multas muy altas atendiendo a las circunstancias de falta de recursos de los autores. Hasta la fecha todos los inmuebles de la PAH okupados han sido denunciados por la propiedad. Hay varios juicios pendientes de resolverse. Podrían empezar a llegar condenas, "pero los procesos penales son largos y resulta difícil demostrar que se ha cometido el delito de usurpación", confían ellos. El mayor riesgo que corren "es que el juez decrete el desalojo y las familias se vean de nuevo en la calle".

Algunos jueces en Cataluña, sin embargo, han paralizado desalojos de algunos edificios en atención "a la función social que cumplen y a la presencia de menores". La PAH considera una victoria cada frenazo a un desalojo. Muy celebrada fue también la sentencia del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que paró el primer intento de desalojo del bloque okupado por la PAH en Salt por considerar que se vulneraban derechos de las personas al no contemplar "alternativas" para los ocupantes a desalojar.

"Pero vivir así no es estable", reconocen en la PAH. "Ahora viene la policía, y te identifica, hay juicios, denuncias del banco, hay que luchar la permanencia..." El objetivo es que las familias puedan legalizar su situación, pactando alquileres con las entidades financieras según sus recursos, y siempre con el máximo del 30% del conjunto de los ingresos.

En Manresa, por ejemplo, la PAH consiguió realojar a todos los inquilinos de un "edificio recuperado" con alquileres sociales de 60 y 80 euros al mes. Y ahí no quedó la cosa. La Caixa, propietaria del inmueble, cedió al municipio los seis pisos okupados para completar el parque público de 44 viviendas para emergencias sociales de la ciudad, la cuarta de España en número de pisos vacíos (9.400). Bernat Sorinas,  portavoz de la PAH en Manresa, asegura que la auténtica fortaleza de esta campaña radica en la necesidad de los inquilinos y en su actuación en grupo. "A la administración le da más palo desalojar a 60 personas que no tienen donde vivir. Esa falta de alternativa es la gran baza", defiende.

La PAH insiste en que su Obra Social, que consideran en plena expansión, es solo "la punta del iceberg" de la okupación por falta de alternativa habitacional. "En este país, cada día miles de famílias okupan viviendas solas y en muchos casos las detectan y las detienen".