El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró hoy que Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) no es un nuevo partido político que "aporte un cauce pacífico" al sector político del que procede la ilegalizada Batasuna.

"Sencillamente es la misma fuerza política, a la que se pretende dar un pequeño barniz" para poder concurrir a las próximas elecciones, destacó.

Conde-Pumpido hizo esta afirmación en la rueda de prensa que ofreció para explicar las líneas generales de la demanda que hoy presentó la Fiscalía General del Estado ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, solicitando que se impida la constitución de ASB como partido por considerarlo sucesor de Batasuna.

El fiscal general, acompañado por los autores del escrito -el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín-Casallo, y la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Elvira Tejeda,- indicó que la demanda se sostiene en "cuatro pilares fundamentales" derivados de la Ley de Partidos y de la sentencia de ilegalización de Batasuna dictada por el TS.

Los promotores de ASB

En primer lugar, se ha apreciado que, "desde su encabezamiento", ASB es "manifiestamente ilegal", ya que la utilización del término Batasuna contraviene la Ley de Partidos, que "impide reutilizar los nombres de las formaciones ilegalizadas".

La ilegalización de Batasuna "es irreversible y no se podrá presentar a las elecciones en ningún caso", advirtió.

Como segundo pilar de la demanda, prosiguió Conde-Pumpido, "se encuentra el indicio relativo a los promotores", que "son tres personas, de las cuales, al menos dos, pertenecen a la Mesa Nacional de HB", Joana Regueiro y Marije Fullaondo, y esta última además está imputada por un delito de integración en organización terrorista.

Esto significa, observó, que "los mismos directivos y representantes del partido ilegalizado pretenden continuar su actuación a través de otro que también ellos representan y dirigen desde el primer momento".

"Trasplantar los órganos del partido ilegal a la nueva fuerza"

En tercer lugar, manifestó, "nos encontramos" con un intento de "trasplantar" los órganos del partido ilegal a la nueva fuerza política "de una manera tan mimética que, incluso, su órgano principal de dirección se denomina Mesa Nacional" y cuenta con 35 miembros que "son los mismos" que tiene la Mesa Nacional de Batasuna.

Como cuarto pilar de la demanda, recordó que "la ley pide a los tribunales que valoren cualquier indicio de proximidad a la lucha armada, a la violencia, y resulta que la promotora principal, María Jesús Fullaondo", se encuentra imputada por integración en banda armada.

Respecto a los trámites legales, Conde-Pumpido adelantó que el Supremo, al recibir las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ha abierto un incidente de ejecución de sentencia y ha dado un plazo de diez días a los promotores en los que tendrán que responder y efectuar sus alegaciones.

Posteriormente, el TS se pronunciará, "aunque aún no se puede fijar una fecha para ello", señaló el fiscal general del Estado al resaltar que, "en cualquier caso, la presentación de esta demanda suspende la inscripción en el registro de este partido, y hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie no se podrá ejecutar".