El Congreso ha rechazado 421 preguntas incómodas de los diputados, 82 sobre la Corona

El Congreso ha rechazado 421 preguntas incómodas de los diputados, 82 sobre la Corona

El rey en el acto de apertura de la X Legislatura, en el Congreso
El rey en el acto de apertura de la X Legislatura, en el Congreso. (EFE)
  • La Mesa del Congreso, formada por PP, PSOE y CiU, tiene potestad para inadmitir ciertas preguntas de control al Gobierno.
  • Aunque es cierto que solo se ha rechazado el 0,85% de las formuladas en lo que llevamos de legislatura, muchas atañen a la Monarquía y la Gürtel.
  • La Mesa suele justificar su rechazo argumentando que "son materias ajenas al Gobierno".
  • Sus señorías han preguntado sobre la fortuna del rey, Corinna, sus viajes oficiales, donaciones que recibe la familia real, incluso quien les paga la luz...

Preguntas que se quedarán sin respuesta. El Congreso de los Diputados no siempre facilita el trabajo de sus parlamentarios. La Mesa del Congreso, el órgano colegiado de dirección de la Cámara, tiene potestad para limitar una de las principales labores de sus señorías: el control al Gobierno, que los diputados ejercen, entre otras medidas, haciendo preguntas escritas. En lo que llevamos de legislatura los 350 diputados ya han formulado cerca de 50.000 preguntas al Ejecutivo, de las que 421 han sido vetadas, el 0,85% del total, según el recuento que ha hecho la web Que hacen los diputados, un portal que radiografía toda la actividad parlamentaria. La Mesa del Congreso analiza una a una cada pregunta. Las rechazadas son "inadmitidas a trámite en términos absolutos", una frase lapidaria para certificar el rechazo.

La Mesa del Congreso está formada por nueve miembros, cinco del PP, tres del PSOE y uno de CiU, los encargados de cribar las preguntas, generalmente cuestiones incómodas para el Ejecutivo. ¿Qué criterios se siguen para rechazarlas? La Mesa del Congreso ha de argumentar cada negativa, y generalmente se excusa porque "las cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados". También, en menor medida, algunas preguntas se rechazan porque no se han presentado con la cortesía parlamentaria debida. La diputada de UPyD Irene Lozano tiene el honor de haber hecho la última pregunta rechazada. Ha intentado sin éxito conocer la relación de trabajadores del Tribunal de Cuentas que "son familiares directos de altos y ex altos cargos, así como de los principales representantes sindicales del tribunal", a raíz de varias informaciones publicadas por El País, que publicó que unos 100 trabajadores del tribunal, el 14% de la plantilla, tenían lazos familiares.

La excusa de la Mesa del Congreso es "perversa", explica Lozano, "porque la Mesa contesta que al Gobierno no le compete el Tribunal de Cuentas, dice que es una institución independiente, pero su composición se decide en una ley que se aprueba en el Congreso", señala la parlamentaria de UPyD, que también critica la composición de la Mesa, en la que solo están representados tres de los siete grupos, a pesar de que algunos de los partidos que se han quedado fuera han sacado más votos que alguno que está dentro.

Rechazadas porque el rey es inviolable

Hasta ahora, las preguntas relacionadas con el rey, la Casa Real o la familia real, han sido las más vetadas, concretamente 82. Teniendo en cuenta que es el Estado, a través de los Presupuestos Generales y Patrimonio Nacional, quien dota de una asignación económica a la Casa Real y conserva sus bienes, parece coherente que los diputados que quieren aclarar dudas sobre aspectos de las actividades y el patrimonio de la familia real acudan al Ejecutivo. A finales de mayo, el Gobierno rechazó varias preguntas que había formulado el diputado de IU Alberto Garzón sobre los viajes oficiales del rey con empresarios.

Sus señorías han querido saber sobre la herencia recibida por el rey; la fiscalización que hace Hacienda de las declaraciones de IRPF y patrimonio de la familia real; sobre la princesa Corinna, la amiga del rey, a la que un diputado califica de "supuesta consejera estratégica y representante del rey"; sobre la cacería de elefantes del monarca en Botsuana; o sobre si Patrimonio Nacional tiene conocimiento de las donaciones que recibe la familia real. La verdad es que en 82 preguntas los diputados han cubierto todo tipo de aspectos sobre la Casa real. Han preguntado sobre los sueldos de los miembros de la familia real, sobre los ingresos de la Familia Real al margen de los presupuestos, sobre lo que importa o exporta la Familia Real o acompañantes en sus viajes oficiales, sobre quien paga los trajes de la familia real, o sobre si las compañías que prestan servicio en la Casa Real, "tales como las de electricidad, gas, teléfono, etc, cobran por ello".

El papel del rey el fallido golpe de Estado de 1981 también ha tenido varias preguntas. Todas han sido inadmitidas. La Mesa siempre argumenta que dichas materias entran dentro del ámbito del artículo 56.3 de la Constitución Española, que afirma que la persona del rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad", y que por lo tanto no está sometido al control parlamentario. En la actualidad hay seis preguntas en tramitación directamente relacionadas con la Monarquía, a la espera de que la Mesa dictamine si las permite o no.

99 preguntas de la trama Gürtel

Después de las preguntas relacionadas con la monarquía, las que tratan sobre las políticas de transporte del Gobierno y las políticas de ayuda a los discapacitados son las más formuladas. Sin olvidar la trama Gürtel. La Mesa rechazó 99 preguntas presentadas por dos diputados socialistas para conocer si muchos de los imputados en esta trama de corrupción se había sumado a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno, después de que se conociese que siete imputados en el caso habían regularizado casi 10 millones de euros entre los años 2008 y 2012.

Ante la negativa de La Mesa, al diputado le quedan solo dos tres vías: resignarse, reformular la pregunta y camuflarla como petición de informe cuando el asunto tratato lo permite, o acudir al Tribunal Constitucional, esta última una medida que de momento nadie ha utilizado.



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