La edil de Urbanismo del actual Gobierno municipal de Ourense y en el del año 2008, Áurea Soto, ha argumentado, ante el juez Leonardo Álvarez, que las obras de mejora de la calle Bedoya se adjudicaron en 2008 con urgencia para no perder una subvención.

Soto fue la segunda en declarar durante la mañana de este jueves ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, aunque las diligencias fueron abiertas por el juez Antonio Piña, del número 2, pendiente de la resolución de su recusación. Ésta fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial tras ser presentada por la propia Soto y el exregidor Francisco Rodríguez, quien tuvo que dimitir a raíz de su detención en la Operación Pokémon.

La investigación judicial comenzó tras una denuncia de Democracia Ourensana y en el auto de apertura, el juez Piña centró las posibles irregularidades en la adjudicación por un procedimiento negociado y sin publicidad, sin justificación de la urgencia, y en la posible conexión entre las tres empresas invitadas al concurso, cuyos responsables declararon como imputados el miércoles, por el posible delito de concertación para alteración de precios.

Los tres políticos que declararon este jueves como imputados son los primeros en hacerlo, de todos los integrantes de la junta de Gobierno local que en 2008 adjudicó las obras a la empresa OCA.

Nadie recurrió

El primero en declarar fue el exalcalde Francisco Rodríguez, que tras comparecer una hora ante juez y abogados, explicó a los medios de comunicación que fue "invitado" a prestar declaración por un tema del que pasaron seis años "y nadie lo recurrió hasta ahora".

En ese sentido, expresó su "convicción total y absoluta" de que la junta de Gobierno en la que él actuó como alcalde, "obró con total responsabilidad para evitar que se perdiera una subvención importante" y reprochó que "no se dijera nada entonces", hace seis años, "si hubo algún fallo administrativo".

Por su parte, Áurea Soto explicó a los periodistas, tras declarar media hora, que las obras de la rúa Bedoya fueron adjudicadas, ejecutadas y certificadas "y muy pronto requerirá nuevos arreglos, por el tiempo transcurrido".

Detalló que cuatro juntas de Gobierno avalaron el proceso de adjudicación, desde la presentación de las propuestas de las tres empresas, y pasando por la elección de la mejor de ellas "y siempre con el respaldo de los informes técnicos".

Añadió que la discusión jurídica es ahora si el procedimiento negociado y sin publicidad "es el más adecuado o si se debería haber adjudicado con publicidad, pero si se hizo así y con urgencia fue para no perder una subvención".

"Se trata de ver si ese elemento es una incorrección administrativa y si la posibilidad de que el procedimiento no fuese el adecuado, debería provocar la paralización de todo el trámite, y esa es la postura que mantengo y que me supone muchos reproches en los plenos municipales, donde la oposición me grita porque paralizo proyectos porque no se podrán cubrir los tiempos legales", agregó.

Además, incidió en que no fue una adjudicación "a dedo", sino con tres empresas "de las que no había ningún informe técnico que estableciese una relación entre ellas", por lo que la tramitación fue normal, según dijo.

Fiscalizada por la xunta

Por su parte, el exteniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal explicó a los periodistas, antes de entrar en el juzgado, que el procedimiento de adjudicación de las obras "estuvo fiscalizado por la Xunta y contó con el beneplácito de los técnicos municipales", por lo que se mostró "sorprendido" por tener que estar en el juzgado.

Lamentó tener que volver al juzgado, en el que ya fue juzgado y absuelto por el caso de los paneles informativos, pues en la primera ocasión tuvo que dedicar la mitad de la indemnización de su esposa por despido, para su proceso judicial, que terminó con la reafirmación de la sentencia absolutoria en el Tribunal Supremo. Dijo esperar "que algún día" le resarzan de esos gastos.

Los siguientes integrantes de la junta de Gobierno de 2008 que aprobó la adjudicación de las obras a la empresa OCA que declararán serán el alcalde Agustín Fernández y el exedil Demetrio Espinosa, citados a declarar como imputados por prevaricación administrativa el jueves 26 de junio, pero antes lo hará el asesor jurídico municipal del año 2008 y jefe del servicio de infraestructuras Luis T.I., el martes día 24 de junio.