Silvia vivía con su pareja y dos hijas de ambos en un piso de alquiler en Badalona. Los dos estaban en el paro, ella sin cobrar ningún tipo de ayuda y él cobrando la denominada renta activa de reinserción para desempleados, una ayuda mensual de 426 euros. Hasta que dejó de percibir esa prestación: "Tuvimos que dejar de pagar el alquiler, no teníamos otra solución", explica Silvia.

A diferencia de otros, Silvia no pudo recurrir a la ayuda de sus suegros o sus padres, ya fallecidos. "Me vi en la calle sin alternativa, mis padres fallecieron, no tengo a mis suegros en España", comenta. "Sobrevivimos con la ayuda de mi abuela, que cobra pensión de viudedad, e íbamos a su casa a comer, pero ella tampoco podía con nosotros y somos cuatro", dice.

Una vez supo de su desahucio, en junio de 2013, no esperó a que la echaran: "Me fui antes, me quedaba una semana para irme". "Todo fue muy rápido, me apresuré a hacer maletas y recoger lo que pudiera y entregué las llaves al juzgado", recuerda.

El desahucio de Silvia es uno de los cerca de 49.700 casos que tuvieron lugar el año pasado, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Al verse en la calle, decidió contactar con asociaciones como la PAH y 500x20, que le ayudaron a encontrar un techo para ella y su familia. "No tenía a donde ir", asegura.

"Entramos a vivir en el 'Edificio Troya' —así lo rebautizaron— el 21 de junio". Se trata de un edificio abandonado en Badalona, propiedad de un banco. Allí continúan viviendo desde entonces, junto a otras cinco familias que también se encuentran en su situación. "Lo único que le pedimos al banco es que nos deje quedarnos con un alquiler social, así podemos ir pagando cada mes".

La entidad presentó una denuncia por la ocupación del edificio, pero todavía no se ha hecho efectiva, lo que aumenta la incertidumbre para Silvia y el resto de familias que viven aquí. "Esto es un sinvivir, no sabemos si algún día vendrán a echarnos", concluye.

Mientras, Sonia, José y sus dos hijos llevan más de un año "a la deriva". Su desahucio tuvo lugar hace más de un año, el 28 de marzo de 2013. "Yo cobraba el paro y mi marido trabajaba de autónomo, hasta que tuvo un accidente laboral, lo despidieron y pasó a cobrar 600 euros mientras no le dieran el alta, luego ya dejó de cobrar", explica Sonia.

Fue entonces cuando los 500 euros que ganaba Sonia no llegaban para pagar el alquiler de 650 euros. "Estuve un par de meses pagando al propietario la mitad —del alquiler—, pero me empezaron a amenazar con que me fuera, que me iban a denunciar, y un día llegó la denuncia", comenta. La situación llegó a su punto máximo: "Era pagar o comer. Evidentemente, íbamos a comer, era absurdo pagar la mitad del piso cuando ya nos amenazó con que nos iba a denunciar, ya no valía la pena".

Su desahucio llegó a finales de 2012 —"me hicieron un desahucio exprés de 15 días", cuenta Sonia—, pero consiguió pararlo hasta el 6 de febrero, y posteriormente lo aplazó hasta el 28 de marzo. A raíz de que su caso salió en varios medios de comunicación, "una concejala de Badalona me prometió un piso de emergencia social antes del 28 de marzo", dice Sonia. Pero esa promesa no llegó. "Nos fuimos por nuestro propio pie el 27 y el 28 entregué las llaves al juzgado", añade.

Desde entonces, Sonia y su familia viven entre la casa de sus padres y de sus suegros. "Estamos a la deriva, llevamos más de un año esperando que la administración nos dé una solución", denuncia. "Que te desahucien es una sensación que no se puede explicar, es que te lo quitan todo, es lo peor que te puede pasar", intenta expresarse Sonia, cuya familia sobrevive ahora con una ayuda familiar de 370 euros.

Con todo, Sonia no pierde la esperanza de que el ayuntamiento de Badalona haga realidad la promesa que le hicieron hace más de un año. "Seguimos esperando, a ver si pronto nos lo solucionan y tenemos suerte".