La movilización ciudadana ha impedido este martes que se ejecutara el desahucio de Dolores Ruiz, una mujer de 73 años denunciada por la sociedad de su propio hijo por el impago del alquiler de su vivienda, ubicada en la calle Santiago de Motril (Granada), aunque la orden, dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de la localidad, se ha aplazado hasta el próximo día 25 de este mes, a las 8,00 horas.

Según ha explicado a Europa Press su hija María del Mar, Dolores ha estado arropada en la mañana de este martes por vecinos, amigos, familiares e integrantes del Grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada, que le han mostrado su apoyo ante un lanzamiento que considera "injusto".

La vivienda de Dolores, que era la herencia de la familia, fue comprada por dos de sus hijos, a nombre de su empresa. La mujer, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna, no cobró la parte que le correspondía, a cambio de tener el usufructo de la casa, para poder vivir allí.

Una vez acondicionada la casa y ya Dolores viviendo con normalidad, ante la falta de ingresos de su madre, su hijo Fernando decide arreglarle los papeles para que cobre aunque sea una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firmó varios documentos para las gestiones que realizaría su hijo, que sin embargo no le contó, según la familia, que lo que suscribió era un contrato de alquiler entre la empresa y ella misma.

Según sus familiares, es el exmarido de Dolores el que está detrás de toda la operación pues fue obligado a pagarle una pensión por un juez, y alegó que le abonaba el alquiler mensual de la vivienda. A raíz de esto, apareció la demanda de desahucio realizada por la empresa de los otros dos hijos contra su madre "utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler", "aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento de desahucio es en realidad el exmarido, y sus hijos lo consienten".