La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Japón que "revoque" los permisos de caza de ballenas en la Antártida porque no se ajustan a los "fines científicos" exigidos por la legislación internacional.

"Por 12 votos a 4, la Corte decide que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa", anunció el presidente de la CIJ, Peter Tomka, en la lectura del fallo.

Los jueces estimaron que los permisos concedidos a Japón en el marco del programa Jarpa II, cuya primera fase empezó en 2005, "no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII" de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés).

Ese convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o sea para la subsistencia de la población aborigen.

Los magistrados estimaron que si bien el programa de investigación nipón contiene "objetivos científicos", su puesta en práctica se ha hecho de una manera "poco transparente".

Esa falta de transparencia se aplicó especialmente en la elección del tamaño de las muestras de cetáceos, que incluyen, por temporada, la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.

Japón no ha podido "explicar" las razones por las que aumentó el tamaño de la muestra respecto a la primera fase de su programa científico, ni por qué incluyó otras dos especies de cetáceos en el mismo, añadieron.

"La medida no es razonable en relación a la consecución de los objetivos", concluyeron los jueces en su fallo. Tokio ha mantenido que su programa de caza de ballenas perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos.

Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, sostenía que las capturas niponas perseguían fines comerciales pero los jueces se limitaron a determinar que esos objetivos "no son científicos", como exige la legislación internacional, sin precisar de qué tipo se trata.

Tokio abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó posteriormente bajo un programa con fines científicos (JARPA) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

El exministro de Medio Ambiente australiano Peter Garrett calificó de "histórica" la sentencia de la CIJ. "Es una decisión verdaderamente histórica y vindica nuestra acción. Significa que la caza científica de ballenas no existe", manifestó Garrett.

"Significa que no vamos a ver más arpones en el océano antártico (...) estoy encantado", añadió el laborista Garrett.

"¡Una victoria enorme como una ballena!" reaccionó por su parte el fundador de Verdes en Australia, Bob Brown, quien añadió que "todos los australianos pueden sentirse orgullosos".

Anthony Albanese, del Partido Laborista, recordó que fue su formación la que presentó la demanda contra Japón en mayo de 2010, cuando estaba en el gobierno.