El sindicato UGT-A considera que la Ley de la Transparencia autonómica "debe ser transversal e impregnar las actuaciones de todas las instituciones y organismos".

En una nota, el sindicato ha recordado que el pasado 9 de diciembre se aprobaba la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno española, norma de carácter básico cuya aplicación en las comunidades autónomas está prevista para finales de 2015.

No obstante, destaca que el Gobierno andaluz "podría anticiparse a esta previsión, ya que en estos días se inicia el trámite parlamentario de la que podría ser la primera Ley de Transparencia autonómica de España, además de ser pionera en régimen sancionador".

Ha recordado que de forma análoga al Gobierno andaluz, UGT-A pretende adelantarse a la entrada en vigor de la ley haciendo públicas sus cuentas, como ya anunciara recientemente. Pero considera que el ejercicio de la transparencia "no termina aquí" y el sindicato ve necesario "lograr un gran consenso en el diseño de la implantación de los nuevos procedimientos transparentes y establecer cauces de diálogo y participación permanentes".

En este sentido, ha recordado que el proyecto de Ley establece la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (autoridad independiente de control); y dentro de éste un órgano de participación, la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, en el que estarán representadas las personas y entidades afectadas por la Ley, expertos y otras entidades que puedan establecerse reglamentariamente.

UGT-A espera que en el trámite parlamentario se concrete la participación de los agentes sociales y económicos, "para que se garantice el diálogo y la búsqueda permanente de la calidad, tanto en materia de transparencia como en lo relativo a la calidad de las políticas públicas, puntos ambos sobre los que ya ha dictaminado el Consejo Económico y Social de Andalucía, en un dictamen del que somos partícipes".

Para UGT-A "se abre ahora una oportunidad para que en nuestra Comunidad se generen espacios de colaboración entre las propias administraciones públicas, entre éstas y los agentes sociales y económicos, la sociedad civil y el sector privado, para fortalecer el sistema democrático, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, potenciar la participación y el compromiso cívico, y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del Gobierno y sus aparatos administrativos; todo ello a través de la generación de nuevos espacios que puedan fomentar la apertura y una nueva forma de gobernar en el contexto de la sociedad red".

El sindicato ha recordado las críticas hacía la "tibia" apuesta del Ejecutivo popular en la Ley de Transparencia nacional, entre otros motivos porque la ley "sigue manteniendo una extensa lista de información reservada y secretos de Estado cuya vulneración está sujeta a una severa regulación establecida en una ley franquista de 1968".

Frente a ello, resalta que el proyecto de Ley andaluza de Transparencia "hace una apuesta decidida por la implantación de estas nuevas 'reglas de juego' de la democracia, incorporando al proyecto de ley el título VI que regula el régimen sancionador, donde se fijan sanciones que oscilan entre los 200 y los 400.000 euros".

Por ello, resalta que el Gobierno andaluz "parece decidido a situarse en la vanguardia de la transparencia en nuestro país, tratando de evitar que esta nueva cultura no quede en una mera declaración de intenciones y los poderes públicos puedan garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública".

Para UGT, el impulso de la transparencia "supone una gran oportunidad sociopolítica de cara al futuro" y considera que "en estos momentos que desde tantos flancos se plantea como una necesidad la reforma de la Constitución para avanzar en el desarrollo democrático, podría darse la paradoja de que simplemente profundizando en el desarrollo de los preceptos constitucionales podamos encontrar la gran oportunidad que en estos momentos de profunda crisis necesita nuestro país para el desarrollo de estos valores".

Considera que son varios los principios constitucionales y del Estatuto de Autonomía "los que pretenden fomentar la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política" y asevera que "para conseguir este reto es preciso asumir el profundo cambio de mentalidad que ha de suponer para todos aquéllos que intervienen en el ámbito de la administración pública".