La orden judicial se produce después de que el pasado noviembre este mismo Juzgado transformara en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el arzobispo por este caso y solicitara a las partes que formularan escrito de acusación.

En el auto, al que tuvo acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, Basilio Miguel García, acuerda la apertura de juicio oral, entiende que no procede en este momento procesal la adopción de medidas cautelares pecuniarias y establece que se dé de nuevo traslado a la Fiscalía para que formule escrito de acusación.

El Ministerio Fiscal ya ha elaborado su escrito de acusación absolutorio, informaron fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía ya solicitó el pasado junio el archivo de las actuaciones contra el arzobispo, que llegó a declarar ante el juez, al estimar que no podía ser considerado autor de los delitos que se le imputan, petición que reiteró en diciembre tras el auto del Juzgado de Instrucción 1 por el que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el prelado.

No obstante, el titular del Juzgado emitió con posterioridad un auto en el que señalaba que no procedía por el momento sobreseer el caso, y admitía la declaración de siete testigos.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez acuerda también resolver sobre las peticiones formuladas por la acusación particular, que propone un examen del acusado, una pericial de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal y la testifical de, entre otros, el sacerdote querellante, Francisco Javier Martínez Medina, el cardenal y ex arzobispo de Granada Antonio Cañizares Llovera, y el ex presidente de la Diputación de Granada José Rodríguez Tabasco.

El sacerdote, que pide multa para el arzobispo por los delitos de los que le acusa, se querelló contra éste después de que en febrero del año pasado acabara sin avenencia el acto de conciliación en el que estaba llamado a participar el prelado tras ser demandado por aquél por injurias y calumnias.

Esas injurias y calumnias fueron supuestamente vertidas por el arzobispo en una carta en la que acusaba al sacerdote de una apropiación indebida relacionada con su trabajo de archivero y de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral de Granada, cuyos autores demandaron al prelado.