La llamada "crisis de las basuras" que sumió en el caos a Bogotá durante tres días a finales de 2012 le costó este miércoles el cargo al alcalde de la capital colombiana, el exguerrillero Gustavo Petro, cuya destitución fue firmada por el presidente de este país pese a la petición en contra de la CIDH.

El presidente Juan Manuel Santos compareció en una alocución al país para anunciar lo que muchos intuían: ratificar la destitución e inhabilitación por 15 años de Petro decidida por el procurador general, Alejandro Ordóñez, el pasado 9 de diciembre.

"Debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes", dijo el presidente al aclarar que el Gobierno colombiano "no acoge la solicitud de medidas cautelares" adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la noche del martes.

Además, Santos designó al actual ministro de Trabajo, el liberal Rafael Pardo, como alcalde encargado de la capital a la espera de que se convoquen unas elecciones que son atípicas.

Pardo, que asumirá este jueves, prometió que seguirá con el plan de gobierno de Petro, cuya destitución, según Ordóñez, fue causada por "fallos gravísimos" que cometió al cambiar el servicio de recogida de basuras de la ciudad de manos privadas al modelo público.

Además, la ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, tildó de "injerencia" la actuación de la CIDH y dijo que no se podía permitir mientras actúe la justicia local.

Tras la alocución presidencial, reaccionó públicamente el propio Petro, quien durante cien días luchó en los tribunales colombianos e internacionales para impedir su salida de la Alcaldía.

Desde el balcón de la Alcaldía, el exguerrillero del M-19 recriminó a Santos que incumpliera "su compromiso público y personal" de respetar las medidas cautelares de la CIDH, y convocó a los colombianos a una huelga general que lleve a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

"Yo no nací en una generación que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana", dijo a sus seguidores Petro, quien pasó dos años en la cárcel en los años ochenta por su militancia insurgente.

El destituido aceptó su salida del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, pero anunció que liderará un "levantamiento" de la ciudadanía para "obligar a la oligarquía a convocar la constituyente que haga la paz".

"El voto en Colombia no sirve", agregó el líder izquierdista, que exhortó a sus seguidores a no desanimarse.

"Nos esperan días difíciles que vale la pena vivir", dijo.

En Washington, sede de la CIDH, aún no se han producido reacciones a la medida tomada por Santos, pero el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, destacó a primera hora del miércoles que la decisión de suspender la destitución de Petro era de obligado cumplimiento.

Una posición similar mantuvo el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que está en Colombia.

Una de las incógnitas que queda es cómo acogerán esta decisión las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en su día dijeron que el procurador había dado "una lección a los alzados en armas sobre lo que significa la democracia para la oligarquía y sobre las nulas garantías para ejercer la política".

Las FARC inician este jueves un nuevo ciclo de conversaciones con el Gobierno en el proceso de paz que acoge La Habana desde noviembre de 2012 y que ambas partes han afirmado se basa en la confianza.

La destitución de Petro, no por esperada, discutida, dividió durante meses a la ciudadanía colombiana, que la vio como un nuevo episodio del conflicto político que vive este país desde hace seis décadas y que ha derivado en una sangrienta guerra.

En esta ocasión fue Ordóñez, representante de los sectores más cercanos a la derecha, quien salió triunfante, y del que Petro dijo hoy que actuó "ciego en su fanatismo que no puede comprender la diferencia".