"Nefasta, segregadora, técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y carente de la adecuada financiación". Así ha definido la Junta la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Gobierno central el 9 de diciembre.

Este martes, el Ejecutivo andaluz acordó interponer un recurso de inconstitucional contra la reforma del ministro José Ignacio Wert, solicitando la paralización de la misma hasta que los tribunales resuelvan.

Religión. La Lomce establece la Religión como una "materia que se debe cursar" y que contará en la nota media, por lo que "vulnera" la Constitución, que declara al Estado aconfesional. Por ello, la Junta impartirá solo el "mínimo obligatorio" de Religión que establezca la ley. Este mínimo no se conocerá hasta que se desarrollen los decretos correspondientes a la norma, según ha explicado CSIF a 20minutos.  Y mantendrá la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que se imparte actualmente en la región. Lo hará gracias a las competencias que le otorga el currículo básico establecido por el Ministerio, que permite a las CC AA elegir las asignaturas de libre configuración. EpC será una de ellas.

Segregación por sexos. La normativa estatal fomenta, según el Gobierno andaluz, el sostenimiento con fondos públicos de los centros de educación diferenciada. La Junta, en cambio, financiará los centros donde no se segregue por sexos.

Competencias. La Junta considera que la LOMCE limita la capacidad de las comunidades en cuanto a las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

Otras medidas. "Andalucía se rebela", dice la Junta, con otras medidas como la gratuidad de los libros; garantizando que los profesores estén con sus alumnos dos cursos seguidos; y aplicando alternativas para los que, habiendo aprobado el curso, no hayan superado las reválidas contempladas en la LOMCE.

Andalucía no es la única CC AA que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE. También lo han anunciado ya el Gobierno vasco, catalán, asturiano y canario.

Asimismo, la Junta decidió ayer interponer otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en vigor desde el 11 de diciembre de 2013, por "vulnerar" las competencias autonómicas en materia de regulación de la actividad económica, la protección de los consumidores y la defensa de la competencia.