PPdeG, PSdeG, AGE y BNG han respaldado este jueves con sus votos pedir un cambio en la ley estatal de reestructuración del sistema financiero para impedir que se apliquen quitas a los afectados por las preferentes y las subordinadas.

Así consta en el informe de la ponencia aprobado en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, que parte de una proposición de ley presentada por el BNG con el fin de "buscar una solución justa" para los miles de ahorradores atrapados en la "estafa" de estos productos. El texto aún deberá ser refrendado por el pleno del Parlamento.

Aunque el acuerdo no recoge todas sus peticiones, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha considerado que es "un paso positivo" para buscar una solución política al problema. La petición pasa por cambiar la ley 9/2012, del 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, a la que el Parlamento gallego propone añadir una disposición adicional y dos transitorias.

En concreto, la primera de ellas establece que, cuando los titulares de estos instrumentos híbridos sean ahorradores, las acciones de gestión que se pongan en marcha hacer un reparto de cargas —que los accionistas o tenedores de instrumentos de capital respondan por las pérdidas de la entidad— "no les serán aplicables y tendrán derecho a la recuperación de las cuantías invertidas sin pérdida alguna".

De hecho, esta legislación llevó a que en junio de 2013 los titulares de preferentes y subordinadas que no habían sido admitidos o no habían acudido al arbitraje tuviesen que canjear estos productos por acciones de NCG Banco, un proceso en el que se aplicó una quita. Posteriormente, podían solicitar liquidez a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

La iniciativa de la Cámara gallega pretende que queden fuera de esa quita y puedan recuperar el importe íntegro quienes sean considerados ahorradores, que son aquellas personas que no sean profesionales o con alguna de estas características: que no tuviesen ya contratado ningún producto de inversión significativa, que acrediten que querían mantener la disponibilidad de su dinero, que tengan perfil similar al de los casos aceptados en arbitraje o que por edad y circunstancias personales cumplan con los requisitos para ser considerado ahorradores.

La excepción, añade el informe aprobado, también se aplicará a los ahorradores sin experiencia financiera que demuestren que no habían recibido la información adecuada del instrumento financiero.

Suspensión de las medidas de reparto de cargas

La primera de las disposiciones transitorias pode que para aplicar correctamente la ley se suspendan "todas las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital o de deuda subordinada que estén en marcha", es decir, las medidas de reparto de cargas. La suspensión se mantendrá hasta que se determine quiénes son ahorradores.

Lo dispuesto, prosigue el texto, se aplicará a los titulares de este tipo de instrumentos tanto si acudieron al canje como si mantuvieron la conversión obligatoria en acciones, siempre que se demuestre que se trata de ahorradores, y pese a las decisiones ya adoptadas por el FROB.

HIPOTECAS

La última disposición fija que si un titular de preferentes o subordinadas tiene en la misma entidad una hipoteca para primera vivienda y se demuestra que es incapaz de asumir el pago de la misma, no se podrá ejecutar la hipoteca o otras garantías hasta que no se le haya devuelto íntegramente el nominal invertido.

En el debate del informe de la ponencia, el portavoz del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, ha defendido una enmienda que su grupo mantiene viva, en la que reclama que las administraciones no puedan proceder al embargo de bienes o cuentas de los ahorradores "al menos" en la cuantía equivalente al dinero que tengan atrapado en estos instrumentos híbridos. Esta propuesta fue respaldada en la votación por AGE y BNG, pero rechazada por el PPdeG.

El representante de los populares, Pedro Puy, por su lado, ha considerado que el de las preferentes y subordinadas es "un de los temas más graves y escandalosos" que se han producido en el país. Además, en la comisión de cajas se presenció "un peloteo de quién tenía que controlar esto" y, "en todo caso", se vio que "no hubo ningún control". Con las medidas adoptadas hasta el momento para que los afectados recuperen su dinero, ha añadido, el 97% ha reintegrado, de media, un 84%.