El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, en la que se regula el 'spam' telefónico, las facturas electrónicas o el uso del cigarrillo electrónico entre otros asuntos. La norma ha recibido el visto bueno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara baja con el voto del Partido Popular y el rechazo del resto de la oposición excepto UPyD, que se ha abstenido. Ahora tendrá que pasar por el Senado.

Esta nueva ley traspone una directiva europea y legitimará a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas de bancos o compañías de gas, luz o teléfono. Aun así, varios portavoces de la oposición consideran que estas acciones colectivas quedan como un mecanismo de defensa "muy débil" para los consumidores.

Una de las grandes novedades de esta Ley de Consumo es la regulación del cigarrillo electrónico, detallando los lugares en los que no se podrá utilizar este dispositivo, a la espera de que el Parlamento europeo se pronuncie también sobre este tema el próximo miércoles.

No podrán utilizarse en edificios públicos ni en los centros sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos. En el caso de los centros educativos, se prohibirá su uso también en los espacios al aire libre, excepto en los de centros universitarios y en los que estén dedicados exclusivamente a la formación de adultos, aunque no podrán utilizarse en los accesos inmediatos a los edificios y en las aceras circundantes.

También estarán vetados estos cigarrillos al aire libre en parques infantiles o zonas de juego que estén acotados y esten destinados específicamente para el juego y esparcimiento de los niños. Su uso estará restringido en cualquier transporte público, en el transporte marítimo, ferroviario y aéreo (aunque en este caso, la prohibición sólo afectará a las compañías españolas).

Además, la publicidad de estos dispositivos tendrá que respetar las mismas condiciones que la ley antitabaco: no podrán insertarse en soportes dirigidos a menores y no podrán anunciarse en medios audiovisuales en horario infantil (de 16.00 a 20.00). También se detalla que no se le podrán atribuir a los cigarrillos electrónicos ninguna indicación terapéutica que no haya sido reconocida por un organismo público competente.

Esas típicas llamadas que ofrecen cambiarse de compañía con un jugoso descuento en la tarifa o un nuevo paquete de televisión, internet y teléfono no podrán realizarse en ningún caso entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana, en fines de semana y en días festivos, según la nueva norma aprobada por el Congreso.

Cuando se produzcan estas llamadas comerciales, deberán hacerse siempre desde un número de teléfono identificable y el comercial tendrá la obligación de informar al consumidor de su derecho a no volver a recibir llamadas.

Además, el consumidor tendrá derecho a no recibir este tipo de llamadas sin su permiso. El usuario deberá que dar su consentimiento previo para recibir 'spam' telefónico mediante sistemas automatizados de llamadas y tendrá derecho a no recibir mensajes comerciales si decide que sus datos personales no sean utilizados con fines publicitarios y suscribiéndose a ficheros que le excluyan del envío de este tipo de comunicaciones, como la conocida 'lista Robinson'.

Con la entrada en vigor de esta ley, las facturas por servicios contratados a una compañía deberán emitirse siempre en papel. Las facturas solo podrán ser electrónicas cuando el consumidor dé su consentimiento expreso.

Hace algunos meses, FACUA presentó una denuncia y pidió sanciones para Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar 1,21 euros a sus clientes por recibir la factura en papel. Estas compañías consideraban que las facturas en papel eran un servicio adicional y no un derecho reconocido, por lo que cobraban esa cantidad por los costes de impresión y el envío de la factura a los usuarios que no quisieran o no pudieran recibir su recibo en formato electrónico.

Cuando un contrato telefónico sea indeterminado o se prolongue de forma automática, la compañía estará obligada a informar al consumidor de los compromisos de permanencia y exclusividad que implican sus servicios. Además, deberá indicarse la penalización en caso de que el usuario se dé de baja.

La norma también toma medidas para facilitar la lectura de los contratos para personas con discapacidad o con otras dificultades para la lectura. La ley exigirá que los contratos se emitan con letra más grande y con un mayor contraste en caso de que el usuario así lo solicite. Además, la letra pequeña debe ser superior al milímetro y medio.

En este punto se ha producido otro de los desacuerdos entre la oposición y el Partido Popular. CiU, PNV y ERC han criticado que la ley no recoja la cuestión de la lengua: rechazan que toda la información precontractual deba hacerse sólo en castellano y no sea obligatorio publicarlo en lenguas cooficiales.

El Partido Popular ha aprovechado la ley para introducir una enmienda que afectará a las tarifas energéticas. El texto recoge que las compañías eléctricas tendrán la obligación ofrecer a los consumidores vulnerables una tarifa fija, sin que eso les afecte en tarifas posteriores.

Se trata de una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada a finales de diciembre pasado, para adecuarla al nuevo sistema de cálculo de las tarifas eléctricas que está elaborando el Gobierno. El nuevo sistema de cálculo para la energía sustituye a las subastas trimestrales de energía eléctrica vigentes desde 2009 y entrará en vigor a partir de abril aunque se notará en los recibos de mayo.

Los grupos de la oposición han votado en contra de la ley, en parte, porque no veían correcto que el PP incluyera en ella materias "que no tienen nada que ver con lo que se regula". La diputada popular Andrea Fabra ha insistido en que las enmiendas se han mantenido porque sí existe una conexión con los asuntos de la comisión y porque, según dice, redundan en el beneficio de los consumidores.

Otra de las enmiendas que la oposición ha rechazado reconoce a los psicólogos que realicen actividades sanitarias en el Sistema Nacional de Salud el derecho a seguir ejerciendo a pesar de no ostentar el título universitario de Master en Psicología General Sanitaria.