Los pacientes españoles podrán acudir a cualquier Estado de la Unión Europea para recibir asistencia sanitaria, adelantando el pago de los servicios que reciban y solicitando después el reembolso en su país aunque, en el caso de algunos tratamientos, se requerirá autorización previa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, el real decreto con el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva de la UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que entró en vigor el pasado 25 de octubre.

Se trata de la norma comunitaria del ámbito sanitario de "mayor impacto de los últimos años, pues supondrá una importante adaptación organizativa de todos los sistemas de salud de los Estados miembros", ha informado Sanidad en una nota de prensa.

En principio, cuando un ciudadano decida ser atendido en otro país deberá abonar el coste de los servicios sanitarios que reciba por adelantado "y después serán reembolsados por el país de origen al precio que marque el país de destino", según explicó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, durante unas jornadas sobre este tema organizadas en octubre en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

No obstante, las autoridades nacionales pueden introducir un sistema de autorización previa en caso de que la asistencia requiera la hospitalización de al menos una noche, en casos muy especializados o muy caros, o en casos graves relacionados con la calidad o seguridad de la asistencia en el extranjero.

El precio de las prestaciones, según puntualizó entonces Farjas, lo marcará cada servicio autonómico de salud y en principio no ha de ser el mismo en todas las comunidades. "Lo que la Unión Europea exige es que las tarifas sean conocidas, públicas y transparentes, y que se apliquen con independencia del ciudadano que pida la atención sanitaria", ha aclarado.

Para ello, el Ministerio pondrá a disposición de los ciudadanos una oficina de información en la que ciudadanos de otros países podrán consultar estos y otros datos, como el listado de prestaciones y centros, así como el registro de profesionales sanitarios.