Maribel Martín fue la primera chica de alterne que consiguió que se le reconocieran derechos laborales y logró que el club en el que trabajaba pagara a la Seguridad Social por los servicios que prestó. Diez años después, esta mujer vive en un coche, vende ambientadores y clama para que cierren los prostíbulos.

Fue en abril de 2004 cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social notificó al club Costa Rica de Granollers (Barcelona) que debía cumplir una sentencia de un Juzgado de lo Social, ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que reconocía por primera vez a una prostituta derechos laborales.

En concreto, el club tuvo que abonar 9.578 euros por el año en que Maribel prestó sus servicios como chica de alterne en ese local.

Hoy, Maribel tiene 62 años y acude a los medios con un único ánimo: denunciar la situación de las chicas en los clubes. Lo que ella denomina "la esclavitud de este siglo".

Y quiere hacerlo a través de la agencia Efe porque fue también el medio de comunicación que informó de la decisión de la Inspección de Trabajo, explica Maribel con una permanente sonrisa en la boca, dulce voz y, aparentemente, resignada a dormir en su Ford Fiesta y a ganarse la vida con la venta de ambientadores de coche.

Sabe que este tipo de venta está prohibida, como también la mendicidad, pero "compite" a las puertas de los centros comerciales de Madrid y provincias limítrofes con otros vendedores de diversas nacionalidades para sufragar sus escasos gastos: comer, ropa de Decathlon y gasolina.

Pero de ningún modo quiere compasión ni ayuda. Simplemente denunciar que desde la sentencia, y con tres gobiernos diferentes, nadie ha actuado contra la explotación de las mujeres que ejercen la prostitución y siguen sin reconocerse sus derechos laborales.

"El tiempo pasa y aquí nadie hace nada", dice Maribel, indignada también por la "vista gorda" que hacen los ayuntamientos al permitir la "publicidad engañosa" de los establecimientos que se anuncian como asadores o cafeterías y en realidad son prostíbulos.

Maribel pertenece a una familia acomodada, estudió en un buen colegio y se enamoró muy joven de un hombre que le doblaba la edad. Con él conoció el lujo, las buenas comidas, las fiestas en los yates...

Su pareja se fue con otra mujer y la dejó. Fue entonces cuando Maribel conoció al dueño del primer "top less" de Barcelona y cuando realmente fue consciente de la explotación que sufren las chicas, a las que ella defendía.

Sus servicios se limitaban a tomar copas con los clientes −un trabajo que reconoció la sentencia−, pero observaba cómo muchas chicas recibían amenazas y palizas.

Por defender a una de ellas −una italiana, según recuerda−, Maribel recibió una paliza, tuvo que ser trasladada a un hospital y como consecuencia de ello le ha quedado una minusvalía del 42% reconocida por la Generalitat de Cataluña, como atestigua el documento que muestra a la periodista.

Maribel llevó al Defensor del Pueblo su caso particular y la explotación en general de las prostitutas, pero en una primera instancia se archivó, aunque insistió por segunda vez, como va a insistir ahora en su deseo de ser escuchada por las autoridades municipales y eclesiásticas.

"Es la esclavitud de este siglo", asevera Maribel antes de animar a las chicas a que denuncien su explotación en un juzgado de guardia.

Reconoce que no es fácil. Sobre todo al principio, porque, según relata, cuando se es "joven y mona ganas mucho dinero" en los clubes de "alto standing".

A medida que se cumplen años, prosigue Maribel, también se baja de "categoría" y las prostitutas son trasladadas a clubes de barrio para acabar, ya con más años, en los de carreteras.

"La sociedad te aparta", reitera, y al final se puede acabar en la indigencia. "Que algún Gobierno actúe y cierre todos los prostíbulos", clama.