Pese a todos los intentos por impedirlo, el preso mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994,  fue ejecutado este martes mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), según han confirmado las autoridades de la prisión.

Apenas unas horas antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el recurso de últimar hora presentado por sus abogados, que habían presentado "nuevos argumentos" al alto tribunal, que ordenó que la ejecución continúe su curso.

La ejecución, que estaba prevista para las 18.00 hora local del miércoles (01.00 en España), fue suspendida temporalmente, pero tres horas después se dio a conocer la decisión definitiva del tribunal, que fue acatada poco después.

En la sala de testigos esperaban el pronunciamiento familiares de la víctima, mientras en el exterior de la prisión amigos y familiares del preso mexicano entonaban rezos y cánticos contra la pena de muerte.

En las horas previas a la ejecución, Tamayo había confesado que estaba "preparado" para morir y que veinte años en el corredor de la muerte "son demasiados", según explicó el portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, Jason Clark.

Tamayo no pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de cerdo, arroz, verduras, maíz, café y té.

El caso de Edgar Tamayo, de 46 años, ha levantado una gran polémica y numerosas protestas de organizaciones sociales e instituciones políticas y humanitarias que consideran que el preso no contó con la defensa adecuada, además de padecer una deficiencia mental leve.

Sin embargo, pese a las peticiones de instituciones públicas, entidades de derechos humanos, la intermediación de las autoridades mexicanas y los recursos de última hora, la justicia texana ha mantenido la condena.

El caso ha generado miles de reacciones contrarias a la ejecución y ha tensado de nuevo en esta materia las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que confiere al 'caso Tamayo' un carácter excepcional.

1. El derecho a contactar con el consulado mexicano no se aplicó. Tamayo, como ciudadano de nacionalidad mexicana, nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal de representantes del consulado de su país, según denuncia tanto su defensa como las autoridades de México, un derecho que está recogido en la Convención de Viena, en el apartado de relaciones consulares, y habría evitado que entonces su abogado fuera de oficio.

Según los abogados de Tamayo, con la ayuda legal del consulado, el mexicano habría esquivado la pena de muerte y habría sido condenado a cadena perpetua.

Se le suma la existencia del Fallo Avena: la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a Estados Unidos la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado.

2. El condenado sufría una discapacidad mental. Durante su proceso judicial, el abogado de oficio no argumentó ninguna discapacidad mental ni pidió las pruebas de coeficiente intelectual para el procesado.

En 2008, un psicólogo diagnosticó a Tamayo una "discapacidad mental leve" que certificó una deficiencia mental y un daño cerebral que el mexicano sufría desde su adolescencia tras un accidente en un rodeo.

En 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la ejecución de reos con discapacidad mental, pero varios casos recientes reabrieron el debate, ya que cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

3. El Estado de Texas desoyó las peticiones. La defensa del mexicano acusaba específicamente a la Junta de Perdones de Texas, encargada de las revisiones de estos casos, de negarse a dar acceso a los argumentos y las evidencias en los que el fiscal explica por qué se opone a la clemencia de Tamayo.

Las críticas al Estado también se dirigen al gobernador, Rick Perry, y al procurador general, Greg Abbott, para que cumplieran con su promesa de 2008 de revisar el caso ya que en 2008, Rick Perry aseguró que Texas apoyaría una revisión de los casos de mexicanos sentenciados a muerte en los que hubiera una supuesta violación del artículo 36 de la Convención de Viena.

4. Instituciones, entidades y ciudadanos pidieron la revisión. Amnistía Internacional presentó el pasado 14 de enero 17.500 firmas contra la ejecución de Tamayo, recogidas en 57 países, principalmente en México, España, Estados Unidos, Chile y Argentina.

Las autoridades mexicanas también tomaron posiciones en este asunto y el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, denunció la semana pasada ante el organismo panamericano la actuación de Estados Unidos en el caso Tamayo.

México basaba su reclamación en la resolución de la Corte Internacional de Justicia y las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En Estados Unidos entidades civiles, religiosas y legales que agrupan a la comunidad latina en el país también se opusieron a la ejecución.

5. La defensa admitía la gravedad del asesinato. No se trataba de una voluntad de absolver al condenado o negar su crimen, lo que pedía la defensa a la Junta era una suspensión de 150 días de la ejecución o la conmutación de la sentencia de muerte por cadena perpetua.

Edgar Tamayo fue arrestado en 1994 por el asesinato de un agente policial en Houston: disparó contra el oficial cuando era trasladado esposado a la cárcel, tras ser detenido por asalto, y después se escapó por una ventana de la unidad.

Texas lidera el número de ejecuciones en Estados Unidos y cerró 2013 con 16 reos muertos.