La ocupación de viviendas en el Cabanyal prolifera y ya son 120 los inmuebles asaltados. Según han informado a 20minutos fuentes municipales, 70 de ellas son propiedad del Ayuntamiento de Valencia y el resto son privadas.

Al respecto, las mismas fuentes han explicado que "algunos okupas se van ante la mera presencia policial". Sin embargo, "muchos saben que no se les puede desalojar si no es con una orden judicial" y su presencia se alarga en el tiempo.

Desde  la Concejalía que gestiona el Plan del Cabanayl han explicado que, cuando el Ayuntamiento adquiere un inmueble, para evitar  la instalación de okupas, "desconecta la luz y el agua y tapia las entradas". Aun así, hay gente que entra en las viviendas vacías.

En este sentido, desde esta delación han achacado esta situación a la orden del Ministerio de Cultura del anterior Gobierno socialista que paralizó todo tipo de actuación al considerar el plan urbanístico un expolio, ya que "muchas de estas casas ocupadas tienen concedida una licencia de derribo que ahora no se puede ejecutar".

En este sentido, en virtud del plan +Cabanyal acordado en octubre del año pasado entre el Consistorio y diversas entidades vecinales para revitalizar el barrio, la Policía Local ha abierto 39 diligencias por usurpación de inmuebles, otras 55 por fraude en el fluido eléctrico y ha desalojado y tapiado 16 inmuebles.

Por otra parte, ha detenido a 52 personas por delitos contra la seguridad ciudada y a otros 27 por delitos de seguridad vial. También ha realizado 57 incautaciones de drogas y 13 de armas prohibidas. Además, ha retirado muebles y enseres en 52 ocasiones y ha puesto 24 multas por ensuciar el barrio.

El Ayuntamiento trabaja ahora para compatibilizar la orden ministerial con la prolongación de Blasco Ibáñez que prevé el derribo de 1.600 casas, tras anunciar la alcaldesa, Rita Barberá, la retirada del recurso de inconsitucionalidad por parte del Gobierno.

Pese a estos datos, los vecinos denuncian que este plan no ha servido para poner en marcha nuevos comercios porque se siguen bloqueando las licencias y que se ha incrementado el número de pisos okupados, por lo que han recogido 2.053 firmas para forzar un pleno extraordinario de la junta del Marítimo con el objetivo de pedir explicaciones y soluciones a la degradación.