El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado este viernes que NCG Banco, que se encuentra en fase de subasta por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), "está en proceso de recepción de las ofertas vinculantes y hay bastante interés".

Las entidades financieras reforzarán su capital principal con 30.000 millones de euros después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un Decreto Ley por el que se modifican los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) con el fin de que sigan manteniendo la condición de capital de máxima calidad tras la aplicación de la normativa sobre solvencia Basilea III.

"La banca española tiene 70.000 millones de euros de DTA, de los que 50.000 millones se han generado en España. Con el cambio de la normativa, aproximadamente un 60% de esto 50.000 millones se van a seguir poder manteniendo como capital de la máxima calidad", ha afirmado el ministro de Economía, que ha dicho que esta operación no es "un préstamo a la banca".

Según ha explicado Luis de Guindos en rueda de prensa, los activos fiscales diferidos son gastos que se han podido deducir de la contabilidad pero que no es un gasto fiscal y daba derecho a un activo contra la Hacienda pública.

Precisamente, estos activos fiscales diferidos centran parte del análisis de las entidades interesadas en hacerse con NCG Banco, puesto que la entidad ha generado 4.500 millones de euros, derivados de los resultados negativos registrados. De esta cantidad, el banco tiene anotados en balance algo más de 2.000 millones, pero en caso de pasar a integrarse en una entidad de mayor tamaño, capaz de generar suficientes beneficios en el futuro, podrían llegar a aprovecharse los 4.500 millones.

La directiva Basilea II establecía que los bancos podían considerar los DTA como capital de la máxima calidad, algo que no sucede en Basilea III. "Si no se cumplen unos requisitos, estos DTA se tienen que ir deduciendo de la máxima calidad", ha indicado el ministro.

Por ello, el Gobierno ha decidido modificar la normativa contable del impuesto de sociedades de estos activos para facilitar que los DTA continúen siendo capital de la máxima calidad.

De Guindos ha precisado que si el Gobierno no modifica este aspecto, "la banca española estaría en una situación de desventaja en relación con sus competidores" porque la normativa fiscal nacional es "más estricta" desde el punto de vista de deductividad. También ha añadido que la principal fuente de los DTA en España son las provisiones genéricas, que reducen los beneficios de los bancos pero no son deducibles del impuesto de sociedades.

El ministro ha insistido en que con esta operación "no hay transferencia, ni inyección ni préstamo a la banca" y ha resaltado que esta norma general beneficiará a las entidades, especialmente a las nacionalizadas sujetas a un proceso de privatización.

SAREB

Por otra parte, este decreto ley incorpora un apartado que afecta a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) en el que se declara el carácter de no subordinación que tienen los créditos admitidos por el llamado 'banco malo' cuando es accionista para que se puedan transferir a los compradores con la intención de que la sociedad pueda vender más fácilmente los créditos que ha recibido por parte de las nacionalizadas.

También se ha aprobado la ampliación del plazo de los ayuntamientos para el plan de pago a proveedores y el plazo de la liquidación negativa de las comunidades autónomas para 2008 y 2009.

En cuanto al régimen sancionador, la norma integra la legislación ya vigente e introduce las modificaciones necesarias para la trasposición de la directiva. De esta forma, se incrementa las cuantías de las sanciones y modifica la fórmula para su cálculo.

En el caso de infracción muy graves, la multa podrá ser de hasta el 10% del volumen de negocios neto anual total o de hasta 10 millones de euros si el porcentaje fuera inferior a esta cifra. En el caso de que pudieran cuantificarse los beneficios derivados de la infracción, de hasta el quíntuplo del importe de los beneficios.

El Gobierno además establece la obligación de las entidades de crédito de publicar anualmente el conocido como informe bancario anual, un documento donde se publiciten el número de empleados, los impuestos a pagar o las subvenciones públicas recibidas entre otros.