La Corte Suprema de Bolivia divulgó hoy un edicto que ordena la busca y captura del ex presidente del país Gonzalo Sánchez de Lozada y sus últimos ministros de Defensa e Hidrocarburos.

El fiscal del caso, Milton Mendoza, declaró hoy que con la publicación de ese edito se pasará la orden de detención de la policía boliviana a la Interpol.

La orden señala que Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) y los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague fueron declarados en rebeldía y que, por ello, se emite el "mandamiento de aprehensión".

Acusado de genocidio

Sánchez de Lozada está acusado de "genocidio" por la muerte de 63 personas en la represión de protestas ocurrida a finales de 2003 contra un proyecto para exportar gas a Estados Unidos por puertos de Chile, y de otros ocho delitos.

El ex gobernante y sus dos ex ministros, acusados de complicidad, viven en Estados Unidos tras renunciar a sus cargos el 17 de octubre de 2003, y desde entonces no han asumido su defensa en el proceso que la Fiscalía planteó a la Corte Suprema.

La acusación fue presentada en 2003 por entonces diputado Evo Morales, ahora presidente de Bolivia.

El edicto de la Corte Suprema ordenó la publicación de los datos personales de los imputados "para su búsqueda y aprehensión", y el registro hipotecario de sus bienes en Bolivia.

Además, designó a tres abogados públicos para su defensa, y agrega que la declaración de "rebeldía" interrumpe la posibilidad de que prescriban los delitos que se les imputan.

Cooperación con la justicia estadounidense

El fiscal Mendoza explicó  que el próximo paso consistirá en que la Corte Suprema pida la cooperación de la justicia estadounidense para que se ejecuten las órdenes de busca y captura.

Mendoza se declaró satisfecho con el avance del proceso, que estaba detenido porque el Departamento de Estado de EEUU nunca entregó a los acusados las notificaciones del juicio, pese que Bolivia hizo esa solicitud en julio de 2005.

El presidente Morales ha criticado numerosas veces al Gobierno de Estados Unidos por no colaborar con la justicia boliviana.