El CGPJ pide el "cese inmediato" de campañas de deslegitimación de los jueces del País Vasco

El Consejo General del Poder Judicial hizo pública este martes una declaración institucional en la que reclama el "cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca".

Según informó el portavoz del CGPJ, Enrique López, la declaración fue aprobada, por unanimidad, por la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces.

La declaración se produce un día después de la celebración en Bilbao de una manifestación de apoyo al lehendakari Juan José Ibarretxe ante su declaración este miércoles como imputado en el Tribunal Superior de Justicia vasco por haberse reunido con Batasuna.

"La marcha buscaba la presión política"

En el texto aprobado se afirma que la manifestación "tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de la presión política y al margen de los cauces legales".

La declaración institucional indica que "la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley".

También argumenta que "los Juzgados y Tribunales instaurados por la Constitución de 1978 actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley" y añade que "los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso".

"La Justicia, al aplicar de modo objetivo, imparcial y firme las leyes aprobadas por los ciudadanos, es una institución al servicio de todos ellos y jamás puede ser vista, por tanto, como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias", añade.

"La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino que es una garantía ciudadana", concluye la declaración.