Hablar con Hollman Morris es asomarse al balcón de sus ojos azules y encontrarse ante el vacío. El vacío de la indefensión, de la injusticia, de la persecución, de la tortura sutil y sistemática a lo largo de los años, esa que busca la reducción de la persona a un mero trozo de carne sin más valor que el que marque su peso en kilos. Es asomarse al vacío en el que confluyen el afán por socavar la integridad personal y la lucha por preservar esta integridad sin poner en riesgo lo que amas.

En un país como Colombia, con casi sesenta años de un conflicto armado a sus espaldas que ha dejado por el camino 50.000 desaparecidos y entre cuatro y cinco millones de desplazados, Morris podría haber sido víctima de los paramilitares, de las FARC, del ELN, del Ejército... solo por el hecho de estar en el sitio erróneo en el momento inadecuado. Pero no es su caso. Él siempre ha estado donde quería estar, o al menos donde creía que debía estar.

Hollman Morris es periodista, ahora responsable de Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Antes, 20 años de carrera cubriendo para distintos medios el conflicto armado colombiano, un trabajo que ha sido reconocido internacionalmente con premios como el Nuremberg de Derechos Humanos. Más de la mitad de esos años ha vivido bajo amenazas.

Su 'delito' se resume en un hecho que ningún código penal del mundo recoge: narrar la guerra desde el punto de vista de las víctimas y hacerlo cuando la corriente dominante tiende a recurrir al Gobierno o al Ejército como únicas fuentes informativas para tratar este asunto, y cuando el propio Gobierno está embarcado en una campaña de maquillaje político de la situación en Colombia.

Pausado, reflexivo, indignado a veces y con abatimiento en la mirada, Morris relata desordenadamente los últimos años de su vida: "El presidente Uribe me condenó a muerte y al exilio vinculándome a las FARC en un programa de televisión". Ser sospechoso de pertenencia a las FARC en Colombia es el equivalente a andar por sus caóticas calles con una diana dibujada en la frente. Morris aún lleva esa diana, tatuada en el rostro por las instituciones que deberían haberlo protegido. Para algunos, desde las palabras de Uribe, él es un terrorista. Y no hay reparación posible para ese descrédito.

"Se ha puesto en entredicho mi credibilidad como periodista. Esta gente se siente empoderada para llamarnos mentirosos y esto genera un estado de vulnerabilidad", expone.

La campaña de desprestigio contra Morris fue orquestada por el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), el servicio secreto colombiano (organismo que dependía directamente de Presidencia del Gobierno de Álvaro Uribe), en los primeros años 2000. Otros periodistas, magistrados y opositores fueron colocados también en el punto de mira, condenados a vivir tras los barrotes del miedo. Por pensar diferente, por plantarle cara al poder.

La campaña del DAS es maquiavélica de principio a fin. Porque es el propio Estado el que la articula para limpiar su imagen y lo que busca con ella es la desestabilización del núcleo familiar para minar lenta pero inexorablemente a quienes considera sus objetivos.

Morris lo sabe bien. Tiene esposa y dos hijos. Y en su casa han recibido desde una corona fúnebre con su nombre escrito en ella hasta una muñeca ensangrentada, regalo dirigido de manera personalizada a su hija, una niña que durante un tiempo no se acostaba sin revisar los cierres de puertas y ventanas, y que entraba en pánico cuando caía la noche y su padre no había llegado a casa.

La niña, que hoy tiene 13 años, nació durante el primer periodo de exilio de sus padres en España; una casualidad a la que ahora se aferra Morris para poder seguir mirando al futuro en busca de justicia y reparación.

El pequeño, de 9 años, solo ha vivido dos sin escolta, y no de manera continuada. "No le alcanzó el tiempo para aprender a montar en bicicleta", explica Morris.

La familia lleva desde 2005 arrastrando tras de sí más sombras que las que proyectan sus cuatro cuerpos. Cuando el Estado les asignó protección, Morris y los suyos no sospechaban que en realidad esas sombras no eran sus protectores, sino sus espías. Durante años aprovecharon su posición para pinchar teléfonos ('chuzar', lo llaman en Colombia) y filtrar todo tipo de información, que llegaba por vía directa a los interesados en ponerlos en la mirilla.

Morris no lo supo con certeza hasta 2009, cuando en una especie de 'cablegate' colombiano varios medios de comunicación sacaron a la luz papeles internos del Gobierno Uribe en los que se evidenciaba la persecución sistemática a la que el DAS había sometido a estas personas.

Hace apenas dos semanas, el proceso judicial por esta causa contra Jorge Noguera Cotes, responsable del servicio secreto colombiano durante el gobierno de Uribe, acabó en resolución: los delitos relacionados con la intervención de comunicaciones a periodistas y opositores fueron declarados prescritos por la Corte Suprema de Colombia. Según Morris, ni siquiera lo han llegado a investigar, aunque "hay pruebas más que suficientes para hacerlo". De nuevo, vuelta a esa impunidad con la que uno se da de bruces en Colombia una y otra vez; de nuevo, vuelta al estado de inseguridad jurídica, de vulnerabilidad.

La resolución de la Corte Suprema cierra la puerta a la búsqueda de justicia en Colombia. Pero Morris no se resigna y se aferra a un resquicio legal: la nacionalidad española de su hija podría abrirle la vía de interponer una demanda por tortura psicológica a un menor de edad ante la Audiencia Nacional (de España).

Mientras se estudian todas las opciones legales, Morris sigue al frente del Canal Capital, rebautizado "la cadena humana" desde que él asumió el cargo en aquel febrero de 2012, cuando el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le pidió que volviera de su segundo exilio -en este caso de un año y medio en Estados Unidos- y se hiciera cargo de su gestión. Para Morris, este retorno tenía dos significados; por un lado, el del reconocimiento: "volver a Colombia reparado de alguna manera"; por otro, el de regresar para apoyar una salida pacífica al conflicto.

"Podía haberme quedado en el exilio o en el papel de víctima", explica, "pero vuelvo para ayudar a construir el país, a pesar de que nos sigan invisibilizando, persiguiendo y negando la justicia. Creo en esto y aquí estoy".

El futuro para este periodista es incierto. El alcalde de Bogotá parece tener los días contados en su cargo político. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, una figura que tiene poder sancionador contra todos los funcionarios públicos del país y que es calificado como "lefebvrista, ultraderechista y templario" por sectores progresistas de la política colombiana, ha emprendido una cruzada contra él y en los mentideros políticos se da por sentado que no acabará su mandato. Eso dejaría a Morris de nuevo abocado a la incertidumbre.

La conversación llega a su fin en una sala con grandes ventanales a sus espaldas, a través de los cuales un ocaso rosado y anaranjado va tendiendo la noche sobre Bogotá, lentamente, como su hablar, como la metáfora de un periodismo rabiosamente vivo que se resiste a desaparecer aplastado por el desprecio a la dignidad, la libertad, la diferencia.

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Esta entrevista con Hollman Morris tuvo lugar en Bogotá, en las oficinas del Canal Capital, el 22 de octubre de 2013.

Enlaces adicionales:

Cifras e indicadores sobre las violaciones de los derechos de los periodistas en Colombia (Fundación para la Libertad de Prensa).

Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia, 2012 (Fundación para la Libertad de Prensa).

Top de funcionarios investigados en el Gobierno de Álvaro Uribe.

Impunity, documental sobre las víctimas del conflicto armado (de Hollman Morris y Juan José Lozano).

Testigo indeseable, documental sobre la historia de Hollman Morris (de Juan José Lozano).