La erradicación de los cultivos de coca derivó hace dos semanas en enfrentamientos mortales en el norte de Bolivia, despertó el fantasma del narcotráfico internacional en este país y se convirtió en un elemento de tensión entre el Gobierno de Evo Morales y algunos sectores campesinos que ayudaron a auparlo al poder.

La muerte a balazos de cuatro agentes antidroga mientras participaban en tareas de erradicación de hoja de coca hace dos fines de semana en el municipio Apolo, a 442 kilómetros al norte de La Paz, ha corroborado la existencia de "tierras de nadie" en Bolivia, donde ni el ejército tiene garantías de salir indemne.

Este incidente se produce cuando no se han acallado los ecos de la victoria moral que obtuvo Bolivia en la ONU en enero pasado al reingresar en la Convención Antidroga de 1961, con la excepción que permite el tradicional masticado de coca dentro del país.

La coca es reconocida "como patrimonio cultural" en la Constitución boliviana promulgada en 2009.

Ahora, la emboscada de Apolo y las dudas sobre la autoría del ataque han puesto en jaque la política cocalera de Evo Morales y la estrategia de seguridad boliviana en una zona especialmente sensible por su cercanía a la frontera peruana.

En el confuso incidente murieron un subteniente del Ejército, un suboficial de la Armada, un policía y un médico. Otras doce personas resultaron heridas de bala, quince fueron golpeadas y otras seis fueron tomadas como rehenes. Quince personas fueron detenidas en los días siguientes, de las cuales tres podrían tener doble nacionalidad, boliviana y peruana, según información preliminar.

Unas sospechas apuntan a grupos de delincuentes organizados con apoyo de narcotraficantes peruanos, y otras señalan a los propios campesinos dueños de los cultivos de coca en respuesta a la incursión militar y policial en ese área sin ley.

La preocupación del Gobierno es evidente: o se está produciendo un punto de inflexión en la actividad del narcotráfico, o bien el incidente podría marcar el fin del idilio entre Morales y los cocaleros, uno de los bastiones sociales que hasta ahora se habían mostrado incondicionales al líder indígena. O quizá estén convergiendo ambos escenarios.

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Colombia y Perú, y el principal proveedor de esas sustancias para los países vecinos del Cono Sur, según la ONU.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012 Bolivia tenía 25.300 hectáreas de coca, más del doble de las 12.000 hectáreas permitidas por ley.

En lo que va de 2013, la fuerza de erradicación que opera con militares y policías ha destruido más de 9.000 hectáreas ilegales de la planta.

Este es el primer incidente desde que Evo Morales llegó al poder en 2006 en el que mueren agentes participantes en la erradicación de cultivos de coca ilegales.

Morales, al igual que la mayor parte de las autoridades oficialistas, se decantó por la versión de los narcotraficantes y afirmó que el ataque tuvo una "planificación militar".

Inmediatamente, anunció un golpe de timón en la seguridad de la región, que se ha concretado con el envío de 600 policías para "sentar soberanía" en las comunidades de Apolo dedicadas al cultivo ilegal de coca.

Las denuncias sobre la presencia de narcotraficantes extranjeros, de origen peruano, colombiano y brasileño, en algunos de los lugares más conflictivos de Bolivia no son nuevas y aparecen como uno de los desafíos de seguridad más importantes, plasmado incluso en el libro blanco de la defensa del país.

Sin embargo, al tiempo que el dedo de las autoridades apunta a grupos extranjeros para explicar los sucesos de Apolo, otras versiones recuerdan que la manga ancha que el Gobierno de Morales ha dado a los plantadores de coca ha favorecido el establecimiento de territorios sólo controlados por ellos.

En Apolo hay un área sometida al control de las autoridades y donde los cultivos de coca son destinados al masticado tradicional de la hoja y su empleo industrial en infusiones, refrescos y cosméticos. Pero al igual que ocurre en otras zonas, como el Chapare, donde Morales fue líder cocalero y conserva un apoyo popular incondicional, en Apolo son muchos los campesinos que se oponen a la destrucción de los excedentes de hoja de coca y que aprovechan la orografía tropical para tener sus plantaciones ilegales.

Cuando en mayo pasado comenzaron las operaciones de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para erradicar los cultivos ilegales de coca en Apolo, los cocaleros ya mostraron con protestas su malestar.

De momento, la Cámara de Diputados ha creado una comisión especial para determinar las circunstancias del ataque del sábado 19, pues es mucho lo que está en juego para la seguridad del país y el prestigio del Gobierno a apenas un año de las elecciones presidenciales de diciembre de 2014.