El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, ha explicado que el hombre detenido el miércoles por asaltar la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas fue tratado por los Servicios Sociales municipales entre 2006 y 2007.

En rueda de prensa, Ávila ha confirmado que los servicios sociales trataron a Enrique Olivares García, de 64 años de edad y natural de Cuenca, por tratarse de una persona "en posible riesgo de exclusión".

Según el alcalde conquense, el informe de los Servicios Sociales apuntaba que "podía tener algún desequilibrio mental".

El hombre que ayer entró en la vivienda del extesorero del PP y amenazó y retuvo a su familia será puesto a disposición judicial en la noche de este jueves, de modo que declarará ante el juez mañana.

Entre tanto, el abogado del extesorero del PP, Javier Gómez de Liaño, ha pedido que se investigue el asalto ocurrido ayer en el domicilio de su cliente, subrayando que durante todo el proceso "están ocurriendo cosas extrañas y singulares".

"Que se indague, que se investigue", ha insistido en una entrevista en Onda Cero, ya que, a su juicio, existen "circunstancias extrañas que invitan a la sospecha o al temor de que algo raro se está produciendo y que quizá eso se podría evitar". Para el abogado, el proceso "empieza a ser muy preocupante".

Además del "allanamiento de morada", el letrado considera que "la ficha penitenciaria filtrada en la portada de un medio de comunicación, unos vídeos dentro del centro penitenciario, y unos periodistas que son seguidos e interceptados", son circunstancias que "deberían hacer reflexionar a muchos".

En este sentido, ha lamentado que, debido a "la pertenencia en un determinado momento a un partido político" de Luis Bárcenas y a la "carga política que cualquier proceso tiene", una de las "miserias del proceso penal" es que "el domicilio en Madrid" de su cliente "lo conoce todo el mundo". "Son consecuencias fatales en el proceso penal", ha puntualizado.

En esta línea, ha denunciado que "a las pocas horas" de asumir la defensa del extesorero, encontró en un medio de comunicación, "la indicación" de su propio domicilio.

Pese a todo, el abogado ha dicho que se deje de poner" más amargura, alarma y pánico" a lo sucedido, y ha reitero la necesidad de que la Policía y el juzgado que corresponda investigue los hechos porque se trata de "un allanamiento de morada, una pertenencia de armas", hasta una "detención ilegal, pasando por coacciones y amenazas".