Las dos funcionarias del Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra) que denunciaron al exalcalde Martín Urgal (PP) y al exedil de Urbanismo Alfonso de Lis (declarado tránsfuga y expulsado del PSOE), por supuesta prevaricación urbanística, se han ratificado este martes en esa acusación, y han admitido ante el tribunal que juzga a ambos que recibieron "presiones" por su parte en relación con el desarrollo de su trabajo en materia de legalidad urbanística.

En el juicio, que se ha iniciado este martes en la sala de lo Penal número 2 de Vigo, la que fue secretaria del Ayuntamiento hasta hace pocos meses, Nuria L.D.R., declaró ante la jueza que, poco tiempo después de que el gobierno de Urgal tomase posesión (tras una moción de censura que puso fin al mandato del nacionalista Antón Araúxo), empezó a notar "presiones" por parte del regidor y del concejal de Urbanismo. "Empecé a ver en los expedientes que había otros informes distintos a los míos, para contrarrestarlos", ha apuntado.

Asimismo, ha testificado que los dos acusados (a quienes la Fiscalía considera responsables de irregularidades en la concesión de casi 40 licencias) le reprochaban que "emitía informes desfavorables con demasiada frecuencia". "El alcalde me decía que entorpecía y ralentizaba los procedimientos", ha rememorado la secretaria.

Entre las irregularidades que esta funcionaria ha puesto de manifiesto, está la contratación de un abogado como asesor externo, y que se encargaba de hacer informes favorables para la concesión de esas licencias. La contratación de este asesor, José Martínez Torea (que también se sienta en el banquillo en este juicio como cooperador necesario), coincidió en el tiempo con una resolución del alcalde, en la que apartaba a la secretaria y a la técnica de administración general de Urbanismo de sus funciones. Según ha señalado esta testigo, desde ese momento, febrero de 2011, se le negó el acceso a los expedientes completos del área de Urbanismo.

La secretaria ha justificado sus informes negativos, alegando que sus pronunciamientos sobre urbanismo se hacían conforme a lo que ella consideraba que era la normativa en vigor y, aunque el Plan General de Gondomar estaba suspendido por los tribunales, ha señalado que no tenía conocimiento exacto de las normas subsidiarias que regían en el planeamiento por su imposibilidad de acceder al expediente completo.

IRREGULARIDADES

La técnico de administración general de Urbanismo, Elena A.S., también ha confirmado las "presiones" que, según ha declarado, recibía, principalmente por parte de Alfonso de Lis, y ha rechazado que el gobierno tuviera que contratar un asesor externo porque ella o su compañera se negasen a emitir informes sobre los expedientes. "No me negué a informar por falta de planeamiento urbanístico, pero no puedo informar lo que otros quieren que informe cuando yo no puedo. Yo me baso en la normativa de aplicación", ha apuntado.

En esa línea, ante el tribunal ha insistido en que el abogado Torea fue contratado "para emitir informes en el sentido pretendido por el alcalde", y ha señalado que, en su trayectoria como funcionaria en Gondomar, había vivido una situación similar con otro gobierno anterior (en referencia al exalcalde popular Carlos Silva, condenado por prevaricación). No obstante, ha aclarado que, en aquel entonces, las presiones no se producían "con tanta insistencia", y que, al menos en aquel momento, no fue apartada de sus funciones, y los expedientes incluían los informes de los técnicos municipales, además de los externos.

Por otra parte, esta funcionaria ha señalado también otras irregularidades en el funcionamiento del urbanismo en Gondomar, como la desaparición de algún expediente de su mesa, o de documentos que se incluían en una carpeta para que el alcalde los firmase. "Cuando volvía la carpeta del despacho del alcalde, faltaban algunos documentos, y otros volvían sin firmar", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que, en la época en la que Martínez Torea ejerció como asesor jurídico, las resoluciones de los expedientes llegaban redactadas al Ayuntamiento, sin seguir el modelo de los documentos elaborados por los funcionarios y "sin cumplir las formalidades administrativas".

DEFENSA

Mientras que el exregidor Martín Urgal se ha acogido a su derecho a no declarar, el exconcejal de Urbanismo Alfonso de Lis inició su declaración afirmando que contestaría a todas las preguntas porque no ha cometido "ningún delito".

Según ha relatado ante el tribunal, la decisión de apartar a dos funcionarias de ese rango fue resultado de su "obstrucción sistemática" a los expedientes urbanísticos, y porque "se negaban a aplicar la normativa vigente", es decir, las normas subsidiarias de planeamiento que se reactivaron en cuanto el PGOM fue anulado. "Yo era partidario de haberles abierto un expediente, pero era una atribución del alcalde, y él no lo era", ha apuntado, al tiempo que ha justificado la contratación de Martínez Torea por su profesionalidad y experiencia en urbanismo, y porque ya había trabajado antes para el Ayuntamiento.

En cualquier caso, De Lis ha precisado que esas dos funcionarias apartadas siguieron realizando informes, al tiempo que ha negado que hubiera irregularidades en el contrato del abogado, puesto que se hizo siguiendo un modelo anterior de otro contrato al que que los técnicos municipales no pusieron reparos.

Por su parte, el abogado José Martínez Torea ha reconocido que fue contratado para "despachar antiguos expedientes urbanísticos y seguir el nuevo Plan General en redacción", y ha explicado que se instaló en el despacho del concejal de Urbanismo para elaborar sus informes. Dichos informes se basaban en la que, a su juicio, era la legalidad vigente, es decir, en las normas subsidiarias de planeamiento. "Mis dictámenes eran estrictamente jurídicos", ha recalcado, y ha negado que hubiera recibido "indicaciones" por parte del concejal o del alcalde para que sus informes fueran favorables a la concesión de licencias.

Otros testigos

Por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo también han pasado dos funcionarias, que ejercieron como interventoras en el Ayuntamiento de Gondomar, y que explicaron que se pusieron reparos a la contratación del asesor externo por el fraccionamiento del contrato (entendían que se trataba de uno sólo, con continuidad) y por la "duplicidad de gasto" que suponía la contratación (habiendo técnicos municipales competentes para elaborar los informes que se requerían).

La fiscal acusa a los tres imputados de un delito de prevaricación continuada (el abogado, como cooperador necesario), y pide para ellos 2 años de prisión, una multa de 22.500 euros y 8 años de inhabilitación para ocupar un cargo público.

El juicio continuará este miércoles a las 9.30 horas con la declaración, entre otros testigos, del exalcalde de esta localidad Antón Araúxo (actualmente edil no adscrito), y el actual regidor, Fernando Guitián, entre otros.